El nuevo Gobierno de Emmanuel Macron ha explicado este lunes que aplicará la «tolerancia cero» con los delincuentes sexuales y al mismo tiempo ha mantenido en el cargo a un ministro al que dos mujeres acusan de haberlas violado, pero dejando su futuro en suspenso en función de lo que dicte la Justicia.

«La Justicia es la única que puede y debe decidir», ha subrayado la portavoz del Gobierno, Olivia Grégoire, cuando se le ha preguntado en conferencia de prensa tras el primer Consejo de Ministros sobre si se va a mantener a Damien Abad como ministro de Solidaridad y de las Personas con Discapacidad.

La portavoz ha insistido en que por el momento no hay ningún procedimiento judicial abierto contra Abad y que, si bien una mujer presentó dos veces una denuncia, fue archivada en los dos casos, en 2012 y en 2017.

Este sábado el portal de información ‘Médiapart’ publicó los testimonios de dos mujeres que lo acusan de violación –una de ellas la que formalizó la denuncia– y también que una asociación feminista había advertido al partido del presidente de esos hechos.

Sin embargo, Grégoire ha precisado que, según los elementos que tiene, «ningún miembro del Gobierno estaba al corriente» antes del nombramiento de Abad al frente de la cartera de Solidaridad.

También ha indicado que la nueva primera ministra, Élisabeth Borne, quiso mantener un encuentro ayer con él donde le recordó el compromiso del Gobierno y el suyo personal para luchar contra la violencia de género y también que actuará en función de las actuaciones judiciales.

La portavoz no ha querido, en cualquier caso, adelantar si la simple apertura de una investigación judicial implicaría la salida de Abad del Gobierno o si en nombre de la presunción de inocencia habría que esperar a su inculpación o a su condena. Ha evitado hacerlo con el argumento de que no iba a entrar a comentar hipótesis.

Ha preferido establecer una doctrina sobre los principios al repetir que «el Gobierno está del lado de las que, después de ser agredidas o acosadas, tienen el inmenso valor de hablar», pero también de las que se mantienen en silencio, y que trabajará para «liberar la palabra» y para que lleven sus casos ante la Justicia.