A más de 34.000 detenciones y 700 denuncias por violaciones de derechos humanos se eleva el balance del régimen de excepción implantado en El Salvador el pasado 27 de marzo para frenar la escalada de violencia en el país.

La Policía y la Fiscalía continúan sin detallar cuántos de los arrestados son pandilleros, líderes de dichas estructuras y cuántas personas son las que están ligadas a dichas bandas, a las que el presidente Nayib Bukele responsabiliza de la ola de violencia.

El régimen de excepción suspende, entre otras cosas, el derecho a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de tres días a 15. A continuación, los detenidos se enfrentan a una audiencia inicial en la que, en la mayoría de los casos, son acompañados de un abogado público asignado por la Procuraduría General de la República.

En las audiencias judiciales son presentados números grupos de arrestados y generalmente se decreta prisión provisional para que la Fiscalía siga investigando y los detenidos son enviados a diferentes cárceles del país centroamericano.

Bajo el régimen de excepción, también se han suspendido a los ciudadanos otros derechos constitucionales, como la libre asociación y reunión.

Estas circunstancias han disparado las denuncias de violaciones de derechos humanos. La organización humanitaria Cristosal ha recibido, por el momento, casi 700 denuncias, de las que el 87,7 % tienen que ver con detenciones arbitrarias atribuidas a agentes de los cuerpos de seguridad, mientras que el 4,7 % es por lesiones y el 0,4 % por muerte de persona detenida.

David Morales, exprocurador de Derechos Humanos y jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, ha advertido de que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas «que no lo son y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado».

«Creo que estamos en una situación donde ya se configura un escenario posible de lesa humanidad y que es un momento de alerta temprana que estamos tratando ya de lanzar a la comunidad internacional», ha apuntado Morales.

Asimismo, ha alertado de que en El Salvador estaría reapareciendo la figura del ‘detenido desaparecido’ en los casos en los que las autoridades no dan información a las familias de los detenidos.

Precisamente en el ámbito de las familias, en especial entre las mujeres, es donde se desarrolla una parte muy importante de los dramas que está generando la ola de detenciones.

Esperando ante la cárcel

Así, un grupo de mujeres con un bebé de meses improvisa con plástico un espacio para cubrirse del sol y de la lluvia, descansar y dormir en la acera, frente a una cárcel de El Salvador. Ellas al igual que cientos de personas esperan a que sus parientes, arrestados bajo el régimen de excepción decretado desde el 27 de marzo pasado, sean liberados.

En las afueras del Centro Penal la Esperanza, cerca de San Salvador y conocido como Marina, hay un caos de vehículos y muchas personas con cara de incertidumbre. La misma situación se vive en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, ubicado en la populosa ciudad de Ilopango, y en el Centro Penal de Izalco (occidente).

A estás tres cárceles, según la información de medios locales, han sido llevadas las personas detenidas por supuestamente pertenecer a una pandilla o tener algún tipo de vínculo con dichas bandas, a quienes el Gobierno le atribuye la mayoría de homicidios que se registran en el país centroamericano y que cuentan con más de 70.000 miembros.

Del penal La Esperanza, en el que solo guardan prisión hombres, son puestos en libertad esporádicamente algunos detenidos, por eso las personas esperan para ver si entre ellos está su familiar.

Una mujer, cuyo hijo de 23 años está en el penal La Esperanza, asegura que invirtió aproximadamente 40 dólares en el llamado paquete penitenciario, lo que representa un desajuste en su economía familiar.

La salvadoreña ha viajado más de 73 kilómetros desde el occidental departamento de Sonsonate hasta dicha cárcel para dejarle a su hijo artículos de limpieza, alimentos y medicinas. Ella señala que su hijo «nada tiene que ver con pandillas» y que confía en Dios en que «pronto saldrá libre».

Las autoridades del centro penal solicitan a los familiares de los detenidos artículos puntuales. En la entrada de la cárcel hay un aviso pegado donde se lee los artículos requeridos: pasta dental, jabón de baño, papel higiénico, detergente, cepillo dental, máquinas de afeitar, mascarillas, avena, leche en polvo, azúcar, entre otros. Además, se pide a los familiares que compren camisetas, pantaloneta, calcetines, toallas y una sabana, todo blanco. «Nota: a criterio de la situación económica de cada familia, no es obligación traer todos los artículos», se indica al pie del aviso.

De media, cada persona invierte entre 10 y 15 dólares en las prendas requeridas, a lo que se le suma lo destinado a la alimentación y medicinas.

Desde hace algunos años, en El Salvador, los presos, tanto hombres como mujeres, usan como uniforme camiseta, pantaloneta y calcetines blancos, que deben de ser comprados por sus familiares.

Antes de entregar el paquete, las personas hacen una larga fila, en la que pueden esperar horas para avanzar, para que puedan pasar a un lugar acondicionado para dar información sobre los reos. Ahí una persona da el número de celda, letra del pabellón y un código a cada familiar.

Con rostro de mujer

Son cientos las mujeres que permanecen fuera de algunas cárceles del país centroamericano a la espera de la liberación algún pariente. Madres, abuelas, hermanas, tías, compañeras de vida o encargadas han pasado días o semanas en la calle frente al penal La Esperanza.

En el escenario también se observan a jóvenes madres cargando a bebés de meses y a otras cambiando el pañal a sus hijos o dándoles de comer.

«Si los sacan (a los detenidos) y no hay un familiar que responda por ellos, los vuelven a meter (a la cárcel)», comenta una mujer adulta acompañada por dos menores.

Para pasar el tiempo, algunas mujeres leen la Biblia o el Nuevo Testamento, mientras entre el mar de personas se escucha «Primero Dios lo van a sacar», «Hay que pedir a Dios que esta situación se acabe» o «Hay que tener esperanza en Dios».

Lugareños que viven cerca de La Esperanza alquilan sus baños o duchas a las personas que puedan pagar hasta dos dólares por ducharse y otros han aprovechado la coyuntura para vender comida o bebidas, mientras las personas que hacen cola esperan el momento en el que su familiar salga por fin de prisión.