Después de haber pedido una ampliación de plazo para responder al parlamentario Julen Arzuaga, como si fuera a contar algo nuevo, el Departamento de Seguridad de Lakua ha repetido que «no puede atenderse la petición de remisión de expedientes disciplinarios (por la muerte de Iñigo Cabacas, por un pelotazo de la Ertzaintza) toda vez que no se ha procedido a su incoación». Explica que se inició el proceso de investigación interna y de inmediato se interrumpió por la instrucción judicial. Se retomó, nueve años después, tras la sentencia del Tribunal Supremo y la conclusión ha sido que ninguno de los seis mandos y agentes juzgados pueden ser expedientados. El único condenado, porque está jubilado. Tres de los cuatro absueltos, porque dejaron el cuerpo por incapacidad, y el único en activo, porque solo cumplía órdenes. No se sabe qué pasa con un quinto policía absuelto al que no hace mención el escrito de Josu Erkoreka.

Al margen de que, como dice la Ley de Policía, los expedientes internos se podían haber tramitado a pesar del juicio, hay una cuestión trascendental a la que no responde el Departamento de Seguridad (antes Interior): ¿Por qué la actuación disciplinaria se limita a los seis enjuiciados? ¿No había nadie más que en la muerte de Iñigo Cabacas actuara de forma irregular, aunque no fuera juzgado? El Ararteko, en su informe de diciembre de 2012, ya dejó claro que la investigación penal es diferente de la disciplinaria.

Los «hechos probados» de la sentencia fijan que «la actuación policial no estaba justificada de acuerdo con la normativa y protocolos de actuación en situaciones de orden público». Ante esto ¿el Departamento de Seguridad no pudo hacer otra cosa que encogerse de hombros? ¿No sospechó que hubiera algo que investigar?

Cabe recordar que al conocerse la sentencia, en diciembre de 2018, el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, dimitió aduciendo que esta «hace referencias explícitas a lo que considera errores, malas práxis, inacciones, etc. que, a juicio del Tribunal, se produjeron y de los que, aunque no se responsabiliza directamente a nadie, sí interpelan claramente a la organización de la Ertzaintza y del entonces Departamento de Interior del Gobierno Vasco».

¿Nadie en el Departamento que dirigía Estefanía Beltrán de Heredia se dio por aludido? ¿No había que analizar el trabajo del segundo de Aldekoa, el jefe del dispositivo, Raúl Otaola? ¿Nada que mirar sobre la actuación de Iñaki Larrea, «Ugarteko», que ordenó «entrar con todo en la herriko»? La Audiencia de Bizkaia aseguró que todo lo que hicieron fue «inadecuado» y puso «en riesgo la integridad física de los allí congregados, produciéndose finalmente el lamentable desenlace del impacto y fallecimiento» de Iñigo Cabacas. ¿No tenía el Departamento ninguna duda interna sobre lo sucedido o lo daba por bueno? Porque el tribunal dejó claro que, además de los imputados, hubo otros mandos que «con su actuación pudieran haber contribuido a la descoordinación a la que nos estamos refiriendo».

Es más, la sentencia denuncia «la deficiente investigación que se llevó a cabo por la Ertzaintza desde que se tuvo noticia de que un ciudadano había sido alcanzado por una pelota de goma», lo que le impidió conocer «elementos esenciales para el juicio». Por ejemplo, debían haber recogido las armas utilizadas y a quién correspondían, lo que el tribunal dice que «no era difícil» y podía haber llevado a juicio a todos los que dispararon e incluso «conocer quién fue el autor del disparo que causó el resultado fatal». ¿No le abrió esto ningún interrogante al Gobierno?

La Audiencia de Bizkaia «echa en falta, también, que se hubiera procedido a la protección de la zona de inmediato y a la adopción de las medidas necesarias para preservar el lugar concreto en que ocurrió el impacto (recogida de vestigios, observación daños en el mobiliario de la plaza...)».

Es decir, según la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, la Ertzaintza actuó de forma «inadecuada» antes y después del pelotazo que mató a Iñigo Cabacas, pero el Departamento de Seguridad da por cerrada la causa sin abrir ningún tipo de expediente disciplinario, sin más investigación, pese a que la Audiencia Provincial expresa de forma nítida que todos los juzgados estuvieron implicados, pero no todos los implicados fueron juzgados.

Esto ocurrió, entre otras cosas, porque en la Ertzaintza, con altas connivencias, se estableció una «ley del silencio» y de mentiras. Lo dijeron los propios escopeteros luego absueltos: «El compañero que hizo el disparo ni siquiera está procesado», «mintieron y se han librado».

¿De verdad cree el Gobierno de Lakua que todo esto se puede cerrar sin depurar ningún tipo de responsabilidad interna?