El Parlamento de Gasteiz ha rechazado este jueves la toma en consideración de una proposición de ley presentada por EH Bildu, para regular los mecanismos que impidan las puertas giratorias por las que altos cargos del sector público pasan casi directamente a cargos directivos de compañías con las que además han tenido relaciones durante su mandato. Han votado en contra los grupos del Gobierno, PNV y PSE, además de Vox. Elkarrekin Podemos-IU ha apoyado la propuesta y PP+Cs se ha abstenido.

Una vez más en la tramitación de la toma en consideración de una proposición de ley de EH Bildo, los grupos PNV y PSE  han evitado entrar en el debate, dejando pasar el turno de palabra para mostrar su posición contraria e interviniendo después en la explicación de voto, cuando ya no es posible contrastar y contradecir sus posiciones.

El parlamentario proponente, Josu Estarrona, ha defendido la proposición de ley por la necesidad de añadir obligaciones a las entidades privadas a la hora de contratar personas durante y después del período de ejercicio de un cargo público. Además se le pretendía dar rango de ley al periodo de carencia de dos años y se establecía la limitación los ex cargos públicos en el uso de sus influencias para acceder a consejos de administración después de abandonar las responsabilidades públicas del ámbito de aplicación de esta ley. Se pretendía impedir también que ex diputados forales y exalcaldes puedan ser miembros del TVCP, «como si no hubiera suficiente gente preparada para ello», ha apostillado Estarrona.

Órgano independiente de control

La proposición de ley de EH Bildu contemplaba también al creación de un Órgano Independiente para el Código de Ética y Buen Gobierno, ente independiente que sustituya a la Comisión Ética actual, donde 3 de sus 5 componentes son miembros del propio Gobierno, y que –según Josu Estarrona– se ha ganado la fama de «dedicarse a eximir a compañeros de gobierno maquillando actuaciones de dudosa honestidad, de dudosa ética, que es lo que han hecho hasta la fecha». También ha criticado sus retrasos e inoperancia.

Aprovechando dos de las razones expuestas por el Gobierno para proponer que la ley sea rechazada, como que no especifica qué funcionarios pueden dedicarse a tareas de control y que no contempla al Parlamento dentro de la norma, Josu Estarrona ha reconocido estas carencias y ha invitado a PNV y PSE a corregirlas admitiendo la toma en consideración de la propuesta y emendándola durante la tramitación.

Elkarrekin Podemos-IU ha intervenido en el turno a favor de la propuesta, y durante su intervención, Gustavo Angulo ha recordado una docena de ex altos cargos del PNV que pasaron a cargos directivos de empresas energéticas.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha anunciado su voto en contra porque el grupo proponente, EH Bildu, «está en la antípoda de la ética», añadiendo que está también contra «las puertas giratorias de salida» que según el grupo ultraderechista está ofreciendo el Gobierno de Sánchez a los presos vascos.

Explicaciones de voto

Luis Ignacio Gordillo ha explicado que PP+Cs se ha abstenido porque, aunque reconoce que hay un problema con las puertas giratorias, considera que las medidas previstas en la proposición de ley no son las adecuadas y defiende otras vías que vayan por la búsqueda de la excelencia entre aquellos que optan a un cargo público.

Ekain Rico, del PSE, ha explicado su voto en contra de la propuesta de EH Bildu asegurando que no es más que un compendio de iniciativas que ya se han tratado y rechazado anteriormente en el Parlamento. Se ha jactado de que su grupo impulsó en 2014 la ley reguladora del cargo público que supuso «un paso de gigante» y que después se ha ido ampliando. Además, ha aducido que el Gobierno ya tiene en su calendario una ley de transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de empezar a redactar.

El jeltzale Ion Andoni Atutxa ha basado la negativa del PNV a la toma en consideración de la ley en que los mecanismos de control que propone no son mas eficaces que los actuales y en que pretende regular el sector privado, lo que supera con creces el marco competencial del Parlamento. En resumen, esta proposición «no aporta».

Aunque el debate sobre estas explicaciones no ha sido posible, durante su intervención el parlamentario Josu Estarrona sí que ha respondido al criterio negativo del Gobierno en el que ya se recogían estas críticas. Ha recordado que esta opinión gubernamental no se apoya en ningún informe jurídico. Al entender de EH Bildu, la CAV sí que tiene competencias para regular cuestiones de interés general en organismos y sociedades privadas, como hace en materia de igualdad, medio ambiente y seguridad de las personas.