Este martes se cumplen cuatro meses de la detención del periodista vasco Pablo González, acusado de espionaje por las autoridades polacas. Desde entonces está en prisión, sin poder hablar con su familia ni con su abogado de confianza, Gonzalo Boye.

Así lo han denunciado este lunes su pareja, Oihana Goiriena, y el propio Boyé, que han comparecido ante la Comisión de Asuntos Europeo y Acción Exterior del Parlamento de Gasteiz, donde han dado cuesta de esta situación «tremendamente anómala».

«Está incomunicado, o medio incomunicado, porque, pese a que no está incomunicado de forma oficial, en la práctica sí que lo está», ha apuntado Goiriena, que ha alertado de que las autoridades polacas le han obligado a «justificar» los motivos por los que quiere hablar con Pablo.

Según ha explicado, la familia ha aceptado esta petición y el pasado 6 de junio enviaron la información requerida. Han pasado tres semanas y todavía no han recibido una respuesta.

Han preguntado al cónsul español y al abogado polaco que presta asistencia a González sobre la demora y las dificultades impuestas por Polonia para poder hablar con él, y han recibido diferentes respuestas, que van desde la existencia de problemas burocráticos, a la falta de un traductor, pasando por la posibilidad de que Varsovia considere «sospechosa» a Goiriena.

Dos cartas

«Estamos en una situación absurda», ha manifestado, y ha reconocido que el único rayo de esperanza son las dos cartas que han recibido. «Pero por teléfono no podemos hablar, y eso es lo que nosotros pedimos», ha añadido incidiendo en el derecho de sus hijos a poder hablar con su padre.

En este sentido, ha destacado que se trata de una «situación escandalosa», porque hay medios para poder garantizar la comunicación telefónica. «Lo que falta es la voluntad política», ha subrayado, al tiempo que ha censurado la actitud del Gobierno español, que «defiende la actuación de Polonia».

«No entiendo cómo se puede defender que yo o que mis hijos no podamos hablar con Pablo», ha manifestado antes de incidir en que le gustaría que alguna autoridad del Ejecutivo de Pedro Sánchez se pusiera en contacto con ella para explicarle qué están haciendo.

Las críticas al Gobierno español contrastan con los elogios al cónsul, que «ha sido el interlocutor más fiable para poder contactar con mi marido».

Gracias a las tres visitas realizadas por el diplomático, saben que el periodista vasco «está bien de salud, aunque ha perdido veinte kilos, y que es optimista pese a que es consciente de que puede permanecer en prisión provisional durante dos años, a la espera de juicio».

A este respecto, ha reclamado que se permita la vista del abogado de confianza para preparar un juicio que esperan que se celebre lo antes posible.

Una situación «anómala fuera del marco de la UE»

Por su parte, Boye ha señalado que la situación de Pablo González «no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la Unión Europea para considerarlo un proceso con las debidas garantías».  «Y vemos una falta de interés y de preocupación por parte del Gobierno español», ha lamentado.

En cuanto a la situación legal de González, el letrado ha advertido de que «no manejamos ningún tipo de información procesal. Lo único que sabemos es aquello que han filtrado los servicios secretos polacos y la Fiscalía polaca, y no sabemos qué credibilidad darle».

«En ningún momento le hemos podido visitar, no hemos podido hablar con él, no hemos podido recibir una carta en la que nos explique algo, ni nosotros nos atrevemos a enviarle una carta sobre la estrategia jurídica. La situación es no solo anómala, sino que está fuera del marco de la UE», ha detallado ante los parlamentarios presentes, que le han trasladado su apoyo y solidaridad.

«Un comunicador incomunicado»

Desde Elkarrekin Podemos-IU, grupo que ha solicitado la comparecencia, Iñigo Martínez, ha denunciado que la detención Pablo González supone un «grave ataque» a la libertad de expresión y ha reclamado que el proceso judicial se realice con todas las garantías.

Una opinión compartida por Josu Estarrona, de EH Bildu, que ha denunciado la aplicación de leyes que buscan restringir el derecho a la información en Polonia. «Pablo ahora mismo es un comunicador incomunicado», ha censurado.

El jeltzale Iñaki Aguirre ha recordado la declaración firmada por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU el pasado 26 de mayo; mientras que el el parlamentario del PSE Txarli Prieto ha expresado su solidaridad a la familia, reclamando garantías procesales, así como una «libertad de prensa y de comunicación está cuestionada por esta detención».

Cabe recordar que Navarra Suma no escuchó las palabras de Goiriena cuando compareció en el Parlamento de Nafarroa. Este lunes el PP sí ha asistido a la comisión y ha «lamentado», por boca de Carmelo Barrio, la situación de González. No obstante, ha defendido los pasos de «todas las autoridades competentes», tanto las españolas como las polacas.