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El Supremo de EEUU limita la autoridad del Gobierno contra la emisión de gases

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves limitar la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.

Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Tribunal Supremo de Estados Unidos. (Stefani REYNOLDS | ZUMA PRESS)

El Tribunal Supremo de EEUU ha decidido este jueves que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente del país (EPA) no tiene competencias para recomendar políticas de transición energética limpia a las plantas de producción del país, en un varapalo a las iniciativas a este respecto planteadas por el presidente, Joe Biden.

Como ya sucediera con la revocación del derecho constitucional al aborto, el dictamen sobre esta interpretación de la Ley para la Energía Limpia ha sido declarado con los votos favorables de los seis jueces conservadores del Supremo frente a la opinión de los tres magistrados progresistas.

El veredicto mantiene no obstante las competencias de la EPA a la hora de regular las emisiones de gases contaminantes que emiten las plantas energéticas del país. Ahora bien, cualquier medida futura para abordar la contaminación por dióxido de carbono deben limitarse a las restricciones impuestas en plantas de carbón específicas, en lugar de presionar a las empresas para que cambien del carbón a fuentes de energía renovable.

Los solicitantes, un combinado de estados conservadores y empresas de carbón, han conseguido así impugnar una decisión del Tribunal Federal de Apelaciones, poniendo fin a una batalla legal que comenzó durante la Administración Obama.

El sector energético de EEUU es la segunda fuente más grande de emisiones de gases de efecto invernadero del país, con más de 3.300 centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles, incluidas 284 instalaciones alimentadas con carbón, según la Agencia de Información Energética, en datos recogidos por ‘ABC News’.

Biden: «Una devastadora decisión»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha considerado que el fallo del Tribunal Supremo es «otra devastadora decisión» de esta institución que supone otro «paso atrás» para el país.

Tras señalar que el fallo pone en riesgo la habilidad del país de mantener un aire limpio y luchar contra el cambio climático, Biden ha advertido de que no piensa ceder en el uso de su autoridad legal para proteger la salud pública y afrontar la crisis climática.

Y ha anunciado que ha ordenado a su equipo legal a trabajar con el Departamento de Justicia para revisar el fallo con cuidado y encontrar maneras de, bajo la legislación federal, «seguir protegiendo a los ciudadanos ante la polución y el cambio climático».

«No podemos y no ignoraremos el daño que puede hacer a la salud la crisis climática», ha dicho Biden, quien también ha prometido trabajar con los estados y las ciudades para aprobar regulaciones que protejan a los ciudadanos, así como presionar al Congreso para pedir que actúe al respecto.

Otras reacciones

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado la decisión del Supremo, equiparándola a la sentencia que eliminó la protección legal del aborto, y considerando que «causará más muertes innecesarias -en este caso por un aumento de la contaminación», en un comunicado emitido minutos después de conocerse el fallo.

Una de las organizaciones medioambientales más antiguas de EE.UU., Sierra Club, ha criticado la decisión del Tribunal al mismo tiempo que ha pedido al presidente estadounidense, Joe Biden, que apruebe nuevas leyes para limitar la contaminación.

«Nuestro futuro depende de ello», ha dicho en un comunicado Andrés Restrepo, abogado para el programa de leyes medioambientales de la organización.

Por su parte, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha celebrado que la sentencia «devuelve el poder a la gente», un argumento similar al utilizado para alabar la sentencia del aborto, que no prohíbe la interrupción médica del embarazo sino que da a los estados la potestad de regularla.