La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a los 12 activistas encausados en el conocido como «Caso Confeti», una acción reivindicativa contra el turismo organizada por Arran llevada a cabo en el puerto de la ciudad en julio de 2017, cuando una veintena de jóvenes desplegó pancartas con el lema «Tourism kills Mallorca» y tiró confeti a las terrazas de los restaurantes. Por ello, la Fiscalía solicitaba un total de 29 años de prisión, con penas individuales de hasta cuatro años.

Según han explicado Arran y Alerta Solidària en un comunicado, durante el juicio ha quedado probado que de los 12 encausados solo dos formaban parte del grupo de activistas en aquel momento, mientras que otro cubría la noticia en calidad de fotoperiodista. El resto no se encontraba en el Puerto de Palma.

El 22 de julio de 2017, un grupo de activistas de Arran acudieron al Puerto Viejo de Palma ataviados con confeti, pancartas y bengalas para denunciar «el modelo imperante en la isla, de fomento sin límite del sector turístico masivo». La acción finalizó «sin daños ni heridos», indican, y transcurridos diez minutos «ya no queda nadie en el puerto, mientras que los turistas y trabajadores de las terrazas, tal como afirman en sede judicial, reprenden lo que estaban haciendo con normal tranquilidad».

«¿Cómo se justifica un proceso penal, con acusaciones de hasta cuatro años de prisión, y además con una lista confeccionada a posteriori a partir de ficheros policiales de activistas políticos y, por cierto, ilegales?», han denunciado.

«La joya de la corona»

Ambas organizaciones creen que la respuesta judicial se debe a que aquel día «un grupo de jóvenes de Arran se atrevieron a cuestionar la joya de la corona: el turismo». «El Estado español usa los procedimientos penales, la Policía y la Fiscalía para cometer el abuso de emprender estos procesos, a sabiendas que no encajan en ningún tipo penal. Lo hacen a conciencia para castigar aquellos que, con la ley en la mano, no pueden ser castigados, sino protegidos», han criticado.

Además, detallan que, tal como recoge la sentencia, el caso no llega al juzgado por ningún atestado de agentes que estuvieran en el lugar de los hechos –tales como la Policía Portuaria, Guardia Civil o Policía española–, sino por un informe elaborado 50 días más tarde, remitido por la Jefatura Superior de Policía. «Un caso claro de persecución política con el objetivo de intimidar a la organización Arran», han valorado.

Finalmente, celebran la total absolución de los acusados, a la vez que avanzan que no se distraerán del objetivo, que no es otro que «cuestionar el modelo económico basado en el turismo masivo que nos empobrece como clase, como pueblo y como isla». «Que el Estado emplee todos sus mecanismos prácticos para pararnos solo significa que vamos por el buen camino», han expuesto.