El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha asumido que es «imposible» ejecutar para el próximo curso la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con el decreto ley sobre el catalán en la escuela aprobado por el Govern y con la ley aprobada en el Parlament para blindar la educación en catalán. 

El decreto ley, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, fue aprobado el pasado mes de mayo por el Govern, que lo esgrimió ante el TSJC para pedir que se declarara la «imposibilidad legal» de aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas, ante el nuevo «marco legal».

El pasado 9 de junio, el Parlament –con los votos de PSC, ERC, JxCat y Comuns– aprobó a su vez la nueva ley de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, que establece que el catalán es vehicular y dispone que el uso del castellano quede determinado por los centros educativos en sus proyectos lingüísticos, de acuerdo con la situación sociolíngüística del entorno.

El tribunal admite que ambas normas «determinan la imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia del 25% y «suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad», por lo que acuerda suspender el plazo para la ejecución forzosa del fallo y plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional español.

«Estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia como consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad», mantiene la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC, que cree que ello le obliga a «plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional».

Por ello, pide a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa que se posicionen sobre si debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad en relación con ambas normas por posibles infracciones de la Carta Magna española y del Estatut.

En concreto, el TSJC considera que el decreto ley 6/22 «impide la viabilidad» de la resolución de la sentencia que fija un porcentaje mínimo de uso de cada idioma, mientras que la ley aprobada por el Parlament fija el castellano como lengua curricular, «en contradicción con el fundamento constitucional que determinó el fallo de la sentencia» y que lo reconocía como vehicular.

«El caso es que ambas normas legales definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros tomados en consideración en la sentencia», insiste el TSJC.

Según la sala, la sentencia del 25% «responde al modelo de conjunción lingüística, mientras que las normas promulgadas definen un modelo basado en una correlación entre ambas lenguas oficiales incompatibles con el modelo considerado al resolver el recurso».

Por ese motivo, considera que antes de ejecutar la sentencia «la primera cuestión que se plantea es el ajuste del nuevo marco legal a la Constitución en los términos en que esta ha sido interpretada».

«Primera victoria» para el Govern

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha celebrado como una «primera victoria» que el TSJC haya constatado la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia del 25% para el próximo curso.

«Es una primera victoria y una gran noticia. Es el primer paso para que en ninguna aula de nuestro país se aplique el 25% del castellano», ha reivindicado el conseller, quien también ha afirmado que esta decisión afianza el modelo de escuela catalana.

Sobre que el TSJC plantee una cuestión de inconstitucionalidad al TC, lo ha valorado como un trámite jurídico y ha reiterado que desde el Ejecutivo catalán defenderán el modelo de escuela: «Que sigan los trámites jurídicos que tengan que seguir», ha dicho.

El conseller ha aplaudido que de cara al próximo curso las direcciones no tendrán que ajustarse a porcentajes porque, según él, no habrá ninguna novedad en este ámbito: «Maestros, no hace falta que cambiéis nada. Seguid educando, seguid enseñando como sabéis hacer».