El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha reunido este jueves con los diputados generales de Araba, Ramiro González; Bizkaia, Unai Rementeria; y Gipuzkoa, Markel Olano, quienes después han comparecido ante los medios para anunciar una serie de medidas presentadas como de lucha contra los efectos de la inflación. La más destacada es la deflactación del 4% de todos los tramos del IRPF que se suma a la del 1,5% de primeros de año.

La deflactación del IRPF supone adecuarlo a la inflación, es decir, si en estos momentos las instituciones calculan que la inflación subyacente es del 5,5%, lo que se hace es deflactar el 5,5% (4%+1,5%) la escala de todos los tramos del IRPF para que la gente a la que le suban el sueldo por el aumento de precios se quede en el mismo tramo en la declaración de la renta, evitando que la subida de salario se convierta después en que tengan que pagar más impuestos porque se han pasado de tramo.

Se hará un ajuste de la tabla de retenciones aplicable a los rendimientos de trabajo que, según se ha explicado, entrará en vigor el próximo 1 de setiembre, por lo que tendrá un efecto inmediato en los salarios que se abonen entre setiembre y final de año. Por su parte, en el caso de las nóminas abonadas con anterioridad, las cantidades retenidas de más se ajustarán en la próxima campaña de la renta.

Según ha señalado el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su alocución, «deflactar significa que todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo».

Modelos distintos de deflactación

La deflactación del IRPF en todos sus tramos, es decir, también para los más ricos, es una medida que hasta la fecha venían exigiendo PP, Vox y Cs al Gobierno español de coalición PSOE y Unidas Podemos y que este no ha adoptado. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció en mayo la deflactación del tramo autonómico del IRPF en 2023.

Por otra parte, en la su sesión de investidura, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, prometió deflactar la tarifa del IRPF pero únicamente en los primeros tres tramos de renta autonómica, entre 12.450 y 35.200 euros.

En el caso de la CAV, cabe recordar que las encargadas de la recaudación de impuestos son las haciendas forales en virtud del Concierto Económico, y estas dan la impresión de haber optado más por el modelo de Díaz Ayuso que de Moreno Bonilla.

Otras medidas adicionales

Las haciendas forales también han aprobado una deducción de 200 euros, que podrán aplicar aquellas personas contribuyentes con una base general en renta de hasta 30.000 euros. Entre los 30.000 euros y los 35.000 euros, la deducción de 200 euros sufrirá una reducción progresiva punto a punto a medida que aumenta la base de la declaración.

Junto a ello, se ha decidido dejar exentas del pago de impuestos las ayudas públicas de 200 euros que se perciban con motivo del Real Decreto Ley 11/2022 aprobado por el Gobierno español.

Además, el lehendakari y los diputados generales han dado cuenta de que los autónomos quedan exonerados de la obligación de realizar los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre del presente ejercicio, al igual que las empresas con un volumen de operaciones inferior a 50 millones de euros y no integradas en grupos empresariales.

«Esfuerzo fiscal» institucional

Estas medidas, en palabras de Iñigo Urkullu, suponen «un esfuerzo fiscal de 250 millones de euros». Por una parte, 140 millones benefician a todas las personas contribuyentes de la renta y, por otra parte, 110 millones benefician a las más vulnerables.

Sin embargo, según algunos avances, lo que las haciendas vascas van a recaudar este año es mucho más de lo previsto, por lo que será fácil superar ese «esfuerzo fiscal» institucional, que en todo caso sería menor si no se aplicara en todos los tramos del IRPF.

Asimismo y según ha explicado el lehendakari, las medidas hoy presentadas son «un paso más» y se suman a la estrategia de respuesta que vienen compartiendo el Ejecutivo vasco y las diputaciones en distintos ámbitos de actuación. A partir de ahí, ha recordado las medidas que se han ido anunciando para hacer frente primero al covid-19 y después a la crisis desatada por la invasión de Ucrania.