En un discurso durante el festival de cultura tradicional Garma, en el territorio del Norte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese ha anunciado que tiene previsto preguntar a los australianos si apoyan «un cambio de la Constitución que establezca una voz de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres», las dos comunidades indígenas del país.

Albanese, que lidera el Gobierno tras ganar las elecciones del pasado mayo, ha pedido a «todos los australianos de buena voluntad» que se involucren en esta causa y ha prometido celebrar el referendum antes de terminar su primer mandato en 2025.

La Constitución australiana, que data de 1901, no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país, lo que ha motivado diversas reclamaciones de esta minoría marginada y discriminada históricamente.

Cualquier cambio en la Constitución requiere un apoyo de más del 50% en un referéndum en el conjunto del territorio y también de manera separada en los seis estados que forman el país.

En mayo de 2017, unos 300 representantes de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres firmaron la llamada ‘Declaración de Uluru’, por la cual reclaman la creación de un organismo propio de representación política y un tratado con el gobierno federal que les dé competencias sobre asuntos que afectan al colectivo.

Las comunidades indígenas, que representan el 3,2% de la población total del país, viven en su mayoría sumidas en la pobreza, a menudo en zonas remotas.

Los aborígenes australianos han sido víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente.

Una de las heridas más profundas dejadas fue la práctica, durante décadas del siglo XX, de arrebatarles a sus hijos para que fueran cuidados por familias o instituciones de blancos, en lo que se denomina «la generación robada» y que afectó a unos 100.000 menores aborígenes entre 1910 y 1970.