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La «ley Rider» cumple un año con avances, choque entre empresas y frentes judiciales abiertos

Tres meses después de su publicación en el BOE, el 12 de agosto de 2021 entró en vigor el decreto-ley que modificaba el Estatuto de los Trabajadores «para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales». Son cerca de 30.000 en el Estado.

Un repartidor trabajando por el centro de Bilbo.
Un repartidor trabajando por el centro de Bilbo. (Oskar MATXIN EDESA | FOKU)

La denominada ‘ley Rider’, que establece una presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales y fija nuevas obligaciones de información sobre algoritmos, cumple esta semana un año en vigor en el Estado español.

Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme cerrarron a principios de marzo del año pasado un acuerdo para sacar adelante una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que establecía la presunción de asalariados de los repartidores autónomos en plataformas digitales.

En Hego Euskal Herria, ELA y LAB firmaron junto a la Federación Vasca de Hostelería y Confebask un acuerdo para incluir a los repartidores que trabajan para plataformas digitales en los convenios del sector de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. LAB también solicitó que se aplicase en Nafarroa.

El decreto-ley, publicado en el BOE en mayo, recogía lo que ya habían sentenciado los tribunales y daba tres meses de plazo a las empresas para adaptarse a la nueva situación, un hito ante el que las reacciones fueron diversas:

Glovo anunció que mantendría a la mayoría sus repartidores como autónomos bajo un nuevo modelo de relación y Uber Eats apuntó a un modelo de terceros, mientras que Just Eat negociaba con CCOO y UGT un convenio laboral y Deliveroo avanzaba su salida del Estado.

La mayoría de las empresas cumple

Un año después, la valoración del impacto de la norma difiere entre las partes, mientras que los riders siguen transitando en el complicado día a día de un sector donde las empresas compiten por quedarse con un mercado en auge.

«Se ha conseguido que la mayoría de las empresas cumpliera», resume a Efe el profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, Adrián Todoli, quien subraya la excepción de Glovo.

«Hay conflictos judiciales abiertos pero lo más urgente se ha conseguido en la mayoría: que tengan un mínimo de derechos laborales y dejen de ser falsos autónomos», añade.

Cerca de 30.000 personas empleadas

Ninguna de las fuentes consultadas –Gobierno, sindicatos, empresas– ha podido facilitar una cifra de cuántos repartidores habrían pasado de autónomos a asalariados en este año.

La última estimación del empleo en el sector es de la patronal Adigital y lo cifraba en 29.300 personas, en un negocio que, según los últimos datos de The NPD Group difundidos por AECOC, factura en el Estado 2.600 millones de euros, con 400 millones de pedidos de comida a domicilio al año.

«Seguimos prácticamente igual», lamenta a Efe un rider que trabaja a las afueras de Barcelona y prefiere no revelar su identidad. Después de trabajar como autónomo para Glovo y estar contratado a través de un tercero para Stuart, ahora se encuentra a la espera de juicios por demandas contra ambas empresas.

«Los avances son lentos», apunta este rider, que recuerda además lo duro del trabajo (repartos en horas de mayor calor, bajas retribuciones, problemas de espalda), así como los constantes cambios en las empresas que van invirtiendo o saliendo y entrando de los países.

Durante la negociación de la norma estatal, también hubo colectivos de riders, en gran parte extranjeros, que protestaron contra el contenido de la ley y reclamaron seguir siendo autónomos.

Presunta competencia desleal entre plataformas

«La valoración un año después es positiva: ha permitido ordenar y regular derechos de los trabajadores, aunque queda mucho por recorrer», señala a Efe el secretario de Estudios y Formación sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez.

«Estamos en el camino de equiparar sus derechos pero no es sencillo», reconoce el coordinador de plataformas de UGT, Rubén Raz.

Los dos son críticos con la postura de Glovo, que sigue operando con autónomos y que también se ha encontrado con el rechazo de Uber Eats, que en marzo pasado remitió una carta al Gobierno de Pedro Sánchez denunciando competencia desleal.

«Más de seis meses después de su entrada en vigor, las empresas que cumplimos la ley nos encontramos con una situación paradójica. Nuestras flotas colaboradoras no encuentran repartidores porque estos prefieren ser autónomos, de manera que trabajan con Glovo», recogía la misiva.

Glovo ha alegado que las modificaciones que ha llevado a cabo en su relación con los riders son suficientes para cumplir con la norma.

La patronal Adigital mantiene su postura de que la normativa debería haber sido fruto de un proceso de diálogo más amplio con el sector, dando cabida a la realidad de estos servicios y «a la opción de que estos se realicen por trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia». Piden también una evaluación de su aplicación.