Una jueza colombiana ha enviado a prisión a diez policías implicados en la muerte de tres jóvenes el pasado 25 de julio en la localidad de Chochó, en el departamento caribeño de Sucre.

Según ha informado este jueves la Fiscalía, la investigación ha puesto de manifiesto que los patrulleros Uber Guillermo Mieles Arroyo, Diana Marcela Puerta Rodríguez, Bernardo Pontón Mercado y Leila Carolina Ávila Pestana retuvieron en la carretera que une a Chochó con Sincelejo, la capital departamental de Sucre, a los jóvenes José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterrosa y a Carlos Alberto Ibáñez Mercado.

«Según la investigación las víctimas fueron obligadas a tenderse en el suelo donde habrían sido golpeadas y heridas con armas contundentes y cortopunzantes por los policiales, quienes presumiblemente y sin fundamentos alguno los relacionaron como responsables de la muerte del patrullero Diego Felipe Ruíz Rincón, ocurrido minutos antes», ha apuntado.

Y ha detallado que, tras ser contactados por radio llegaron al lugar de los hechos el coronel Benjamín Darío Núñez,prófugo de la Justicia, así como la subteniente María Camila Buriticá Valencia y los patrulleros Jesús María Bolaño Castro, Rafael Paz Barboza, Santiago Garavito Díaz, Yamit Alfonso Henao Araque y Álvaro Antonio Álvarez Ricardo.

Las víctimas, según la Fiscalía, «fueron obligadas a subir al platón de uno de los vehículos, en el que se subió el teniente coronel», quien supuestamente «accionó en varias oportunidades su arma de dotación» contra los jóvenes, de quienes luego los uniformados dijeron que eran miembros del Clan del Golfo.

El coronel Núñez, quien era comandante operativo de la Policía de Sucre y fue destituido del cargo, salió del país por Panamá y luego se dirigió a México aprovechando que no había orden de captura cuando dejó Colombia.

En relación con este caso, el pasado 4 de agosto el comandante del Departamento de Policía de Sucre, coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, fue relevado del cargo y otros ocho policías, incluida una mujer, también fueron separados de sus funciones.

«Falso positivo»

Los familiares de los tres jóvenes han denunciado que los muchachos no pertenecían a ningún grupo armado y que se trata de un «falso positivo» policial.

En Colombia se conoce como «falsos positivos» la ejecución de civiles cometidas por militares que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos y permisos por sus operaciones durante el conflicto armado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha manifestado que las víctimas de los llamados «falsos positivos» ascienden a 6.402.