La Fiscalía ha solicitado este lunes para los seis acusados en el caso de abuso y corrupción de menores en Araba penas de cárcel de entre 14 y 34 años y seis meses por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública.

La Audiencia Provincial de Araba ha acogido este lunes la última sesión del juicio por estos hechos, que se produjeron en el año 2016 y que afectaron a siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral en el centro de Sansoheta.

El juicio comenzó la semana pasada con diez acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública. Durante la semana pasada, cuatro de los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con las acusaciones, por el que serán condenados a penas de entre uno y 13 años de cárcel.

Los otros seis acusados han continuado siendo juzgados, ya que mantienen que desconocían que las personas a las que pagaban por sexo y con las que contactaban a través de una web de adultos eran menores. Las defensas han insistido en la jornada de este lunes en que los acusados no conocían que eran menores, lo que creen que les exime de los delitos. Además, defienden como atenuantes muy cualificadas por un lado, la reparación del daño y por otro la dilación indebida, porque han pasado más de cinco años desde que empezó la instrucción del caso hasta el desarrollo del juicio.

La Fiscalía ha solicitado para los seis acusados penas de entre 14 años y 34 años y seis meses de cárcel, mientras que la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor ha pedido condenas de entre 30 años y seis meses de prisión, y de 47 años y 3 meses.

En la presentación de las conclusiones, la fiscal ha afirmado que los acusados compartieron con los menores contenido sexual y encuentros sexuales a cambio de dinero, y no comprobaron que fueran mayores de edad. «Nadie tomó la más mínima precaución y la más mínima precaución es pedir el DNI», ha subrayado antes de asegurar que su aspecto físico era de unos «críos».

Además, ha destacado una de las fotos de los menores encontrada en algunos de los teléfonos de los acusados para señalar que es «imposible» que se considere que esa foto corresponda a un joven de 18 años.

También ha señalado que en las conversaciones de teléfono y por correo electrónico de los acusados con las víctimas el contenido era sexual, sobre prácticas sexuales y de los precios a pagar por ellas con «verdaderos regateos».

La acusación popular ha solicitado la agravante de abuso de superioridad para los delitos de corrupción de menores y exhibición de pornografía a menores.

Alegaciones de la defensa

Varios de los abogados de la defensa, por su parte, han argumentado que las penas que se les piden a sus respectivos representados son «desproporcionadas». Así, han reiterado que los acusados no imaginaban que las víctimas pudieran tener menos de 18 años ya que la página web por la que contactaban con ellas requería ser mayor de edad para acceder y anunciarse. Para esto último uno de los letrados se ha apoyado en la declaración de uno de los ertzainas en la que dijo que la propia web controlaba que no hubiera menores.

Además, han argumentado que en muchos de los casos eran las víctimas las que «se ofrecían» en los anuncios y que, en uno de los casos, el mismo menor declaró que llevaba años ofreciendo sexo a cambio de dinero y «nunca tenía problemas».

Como la tipificación es distinta dependiendo de si la víctima de abuso sexual tiene más o menos de 16 años de edad, uno de los abogados de la defensa ha explicado que en el momento en el que su defendido mantuvo relaciones con uno de los menores era «difícil delimitar si tenia 15 o 16 años».

En cuanto a la apariencia física de los menores en el momento de los hechos, algo que se ha utilizado por todas las partes para aclarar si los acusados sabían si las víctimas eran o no mayores de edad, la defensa ha vuelto a impugnar el informe fotográfico argumentando que se realizó por la fuerza.

Además, varios de los representantes de los acusados han razonado que el aspecto de las víctimas no sería el mismo cuando los testigos los vieron que cuando acudían a una cita porque, según han dicho, podía cambiar su forma de vestir o su actitud dejando lugar a dudas sobre su edad.

En la mayoría de los casos han negado que los delitos que se les impugnan sean continuados porque «no existía contacto reiterado» o porque no se aplica esta agravante «aunque haya diferentes actos contra la misma persona».

Han hecho referencia también a los que fueran responsables de los menores en el momento de los hechos, los trabajadores del centro de Sansoheta, alegando que «nadie se dio cuenta de lo que pasaba» y «nadie sospechó». Otro de los abogados ha argumentado que, como los menores al principio se negaban a colaborar o denunciar y no sentían que fueran víctimas de abusos, «se les ha obligado a considerarse víctimas».

Así, varios de los letrados han pedido al tribunal una sentencia absolutoria para sus respectivos representados.

Informes periciales

La jornada ha comenzado con la declaración como testigo de un ertzaina que analizó el contenido de los teléfonos móviles de acusados y víctimas, así como de los psicólogos y trabajadores sociales que elaboraron los informes periciales tras estar con las víctimas.

Los expertos han sido preguntados por la situación de dos de los menores. En su intervención a preguntas de la Fiscalía y defensa, han destacado la situación de vulnerabilidad de uno de ellos, que «no tenía capacidad para medir las consecuencias de sus actos por su edad» (15 años), y que los llevó a cabo para «conseguir dinero»

No obstante, han indicado que en el caso de otro de los menores, el objetivo de sus prácticas era «explorar su sexualidad mediante las redes sociales», sin darse cuenta de la «situación de asimetría con los acusados».

Además, aunque inicialmente declaró que no tenía «sensación de ser violentado», cuando su entorno le advirtió de que no era una conducta «normalizada», le hizo ser consciente de que «no eran relaciones de igual a igual», y de los riesgos que estaba tomando con las mismas. Por ello, desarrolló sentimientos de culpabilidad por la repercusión de sus actos en sus padres.

Asimismo, han señalado que «ambos creían que eran capaces de poner límites sobre las personas que les están agrediendo», ya que ante la «relación asimétrica» que mantenían con las personas que les pagaban por mantener relaciones sexuales, consideraban «tener el control» porque recibían dinero, obtenían un beneficio económico.

Al final de la vista, cuatro de los procesados han insistido en que lo que declararon en su día ante la Audiencia «es cierto» y que, de haber sabido que eran menores de edad, no habrían mantenido relaciones con ellos. Uno de estos ha explicado que esta imputación le ha afectado en su vida personal y otro ha mostrado su arrepentimiento.