EH Bildu ha presentado este miércoles en el hotel Arima de Donostia su planteamiento de un ‘Pacto de Bienestar’ «con vocación de Estado» que quiere situar en el debate público y confía conformar con los gobiernos de Lakua y Nafarroa, partidos políticos, empresarios y sindicatos para que Euskal Herria pueda «abordar el futuro con las garantías más sólidas posibles».

El «pacto de país» que ha dibujado la formación soberanista recoge como punto de partida la necesidad de revertir «la degradación de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades sociales» que viene arrastrando el país desde la crisis del 2008 y, a modo de decálogo, el Pacto de Bienestar busca diseñar la hoja de ruta para «reforzar» los servicios públicos y acabar con las desigualdades con un reparto «radical» de la riqueza.

Con ello, EH Bildu consolida su apuesta de poner en marcha medidas estructurales para anticiparse a un mundo «que ya ha cambiado», según ha destacado el coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi. «Hacen falta medidas paliativas, sí, pero ya vamos tarde con las medidas estructurales», ha alertado.

«Frente a pactos de rentas en España, pacto de bienestar en Euskal Herria», ha resumido Pello Otxandiano, director de programas de EH Bildu, en su comparecencia de este miércoles por la tarde.

El «gran pacto social» que propone la coalición soberanista se articula en torno a cinco medidas encaminadas a garantizar las bases materiales del bienestar e incluye otras cinco para un reparto «radical» de la riqueza.

Entre las medidas para garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca, la formación soberanista apuesta por impulsar infraestructuras de energías renovables público-comunitarias –algo ya se hace a nivel local, por ejemplo, con la cooperativa Ekiola– que estarían sujetas al control público y permitirían vender la energía a un precio «próximo al coste de generación».

Pero como medida inmediata, EH Bildu gravaría los beneficios de las empresas eléctricas y destinar la recaudación que derive de esta intervención a que la ciudadanía «reciba la energía a un precio justo». Este punto incluye ayudar a corto plazo a las rentas de hasta 40.000 euros con un bono energético progresivo y con ayudas directas a las pymes y autónomos.

EH Bildu ofrece subir los salarios y las pensiones –hasta el mínimo de 1.080 euros– por la vía del Acuerdo Interprofesional «impulsando la negociación colectiva y los acuerdos territoriales con el objetivo de dar la vuelta a la devaluación salarial derivada de la subida del IPC».

Esta formación aborda también el problema de la vivienda e idea incrementar el parque de viviendas públicas en alquiler. Para financiarlo, se posiciona a favor de gravar los beneficios de los bancos. EH Bildu intervendría también en los precios de los alquileres y obligaría a los bancos a fijar un tope en el aumento de las hipotecas, tal y como lo hicieron, aunque a la baja, cuando el Euribor estaba en números negativos.

Reforzar los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales es prioridad para EH Bildu. Para ello, pone sobre la mesa un plan de choque que reduciría la temporalidad en un 8% en Osakidetza y Osasunbidea y un paquete de medidas «para hacer frente el encarecimiento del curso escolar» que incluye la propuesta de que el servicio 0-3 para rentas inferiores a 24.000 euros sea gratuito y el incremento de becas en el resto de etapas.

Con el objetivo de ofrecer una solución económica a la movilidad –en un contexto de carestía del combustible– y reducir el uso del vehículo privado –responsable de un tercio de las emisiones nocivas–, el transporte público sería gratuito para las personas menores de 12 años y para los estudiantes mayores de esa edad, así como para las personas destinatarias de las ayudas de garantía de ingresos. Para el resto, se establecerían bonificaciones del 80% para todos los medios de transporte.

Reparto de la riqueza

Para que todos los puntos anteriores sean factibles, EH Bildu insiste en la necesidad de redistribuir la riqueza, con un punto de partida esencial: una reforma fiscal «que haga pagar más a quien más tiene y grave los beneficios de las empresas». Así, en el Impuesto sobre Sociedades, los rendimientos de las empresas se gravarían en función de los resultados contables, estableciendo tipos diferentes y siendo el tipo mínimo efectivo del 15%.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), EH Bildu propone diversas medidas, entre otras, establecer una subvención de 1.200 euros a las personas con ingresos inferiores a 20.000 euros.

En este punto, la formación abertzale sustituiría el Impuesto de Patrimonio por el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes fortunas, siguiendo el camino que marcó la Diputación de Gipuzkoa en la legislatura 2011-2015.

Por otro lado, el plan de EH Bildu incluye crear un nuevo Modelo Empresarial Vasco y fomentar lo que la formación ha calificado de «revolución empresarial». Esto requeriría el compromiso de los empresarios para que las empresas de Euskal Herria no se vendan al capital extranjero y que la distribución del beneficio de las empresas se quede en las mismas; es decir, les emplazaría a que se comprometieran a no repartir dividendos. En su lugar, la riqueza se destinaría a la inversión en la propia empresa y a la mejora de las condiciones de la plantilla.

El Pacto de Bienestar fijaría un Salario Mínimo Interprofesional de 1.400 euros.

«Cuando se decide en qué se invierte se decide en qué se deja de invertir», ha señalado Pello Otxandiano, que ha apuntado que hay que trazar una nueva política de inversiones para sopesar cuáles serían los sectores prioritarios para invertir y cuales no. En el primer grupo estarían el sistema de alimentación, las políticas de adaptación ante la emergencia climática o la transición energética, entre otros. En el segundo grupo, estarían las superestructuras como el TAV, a las que EH Bildu aplicaría una moratoria y activaría el debate público para su resolución.

Por último, el «pacto de país» por el bienestar de la ciudadanía vasca pondría en marcha nuevos mecanismos de garantía de ingresos mínimos, reformando para ello el sistema de inclusión. Con el objetivo de reducir la pobreza infantil y cortar la sucesión en la pobreza, se establecería una prestación universal de 200 euros para la crianza de niños y niñas, que se percibiría mensualmente hasta que tuvieran 18 años.