Heidy Mariana, de 4 años, viajaba en un coche junto a su hermano de 7 y una cuidadora en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, cuando fue tiroteada por varios militares en la noche del pasado 31 de agosto. Murió casi en el acto y el Ejército todavía debe una explicación sobre qué ocurrió. No hay soldados detenidos y a pesar de las promesas oficiales de que se llevará a cabo una investigación, lo más probable es que el crimen quede impune. No es una novedad en este municipio.

Nuevo Laredo es una ciudad fronteriza con Estados Unidos y su principal puerto comercial, donde tiene una fuerte implantación el Cartel del Noreste, una escisión de lo que antiguamente fueron los Zetas. Allí son frecuentes los choques armados entre sicarios y soldados, encargados de la seguridad pública desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón declaró la «guerra contra el narco» y sacó a los militares a las calles. También se repiten las muertes de civiles inocentes como Heidy Mariana.

La muerte de la niña llegó en un contexto clave en relación con el debate sobre el papel del Ejército en la seguridad mexicana. Durante el último mes se votaron dos iniciativas fundamentales para el futuro de las Fuerzas Armadas: la transferencia de la Guardia Nacional, una fuerza supuestamente civil, al control del Ejército, y la extensión del mandato legal para que los militares se hagan cargo de la seguridad pública.

Esta discusión, trascendental en un país sometido a una grave crisis de violencia, se lleva a cabo con los papeles cambiados. Morena, la izquierda liderada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha enfundado el uniforme verde olivo y defiende que el Ejército ocupe cada vez más espacio público.

Por su parte, los partidos que anteriormente se turnaron en el poder, PRI y PAN, han olvidado su pasado belicista y enarbolan un pacifismo poco creíble para la mayoría de la sociedad. El planteamiento opositor es tan contradictorio que acusan al Gobierno, al mismo tiempo, de entregarse a los militares y de no ser lo suficientemente duro con el narcotráfico.

En medio de esta disputa partidista se encuentra una sociedad civil menguada, que siempre denunció la «militarización» y que ha sido estigmatizada e instrumentalizada por todos los sectores.

La casualidad ha querido que esta discusión se desarrolle cuando se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un aniversario que viene marcado por las revelaciones sobre la participación directa de integrantes del Ejército en la desaparición y posible ejecución de los normalistas.

Similar a la Guardia Civil

La reforma de la Guardia Nacional que oficializa su paso a manos del Ejército se aprobó en el Senado el 9 de septiembre. Con esta iniciativa, la fuerza que llegó para sustituir a la Policía Federal (muy cuestionada por la supuesta corrupción de sus integrantes) terminó bajo mando militar.

Esto supone que los 100.000 efectivos de los que dispone pasarán de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Defensa. En realidad, el cuerpo, que se construyó siguiendo el ejemplo de la Guardia Civil española, ya era una organización casi castrense. El 70% de sus integrantes son soldados y la práctica totalidad de sus mandos vienen del Ejército.

La otra apuesta militarista todavía se sigue debatiendo en el Senado. Se trata de la ampliación de la cobertura legal para que los soldados sigan patrullando México. Esto no es nuevo. Desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la denominada «guerra contra el narco», el Ejército y la Marina tienen un papel clave en la seguridad pública, se encargan de vigilar amplias zonas del país y de desarrollar los principales operativos contra el crimen organizado.

La justificación, entonces y ahora, es que las policías locales estaban infiltradas por el narco y que los cuarteles eran las únicas instituciones confiables. Esta lógica de guerra llevó a México a cifras de violencia similares a las de un país que sufre un conflicto armado. En los últimos 15 años, al menos 400.000 personas murieron asesinadas y 100.000 están desaparecidas.

Más militares que nunca

Actualmente, el despliegue militar en las calles de México es el mayor de la historia. A los 100.000 elementos de la Guardia Nacional (muchos de los cuales están destinados al control migratorio, pero esa es otra cuestión) se le suman unos 250.000 efectivos de Ejército y Marina.

Argumenta López Obrador que el problema no es sacar a los militares a la calle, sino cuál es el mandato que estos reciben. Y recuerda, por ejemplo, que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la época de Felipe Calderón, está en la cárcel en Estados Unidos acusado de trabajar para el cartel de Sinaloa, la poderosa organización que lideró Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

Es decir, que mientras que su jefe incendiaba el país bajo el pretexto de la «guerra contra el narcotráfico», él estaba sirviendo a los mismos a los que decía combatir.

García Luna fue detenido en Dallas en diciembre de 2019. Menos de un año después, también en Estados Unidos, fue arrestado el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el mandato de Enrique Peña Nieto(2012-2018).

Las autoridades de Washington le acusaron de colaborar con el narcotráfico. En este caso, sin embargo, López Obrador negoció con el entonces presidente, Donald Trump, la entrega del militar a México, para ser investigado en su país de origen.

«Ya no hay masacres», defiende López Obrador para justificar su apoyo al despliegue militar para combatir el crimen.

Los datos, sin embargo, no lo acompañan. Solo en Nuevo Laredo, el municipio en el que mataron a Heidy Mariana, el Ejército acumula denuncias por al menos una decena de ejecuciones extrajudiciales, según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hay un solo militar detenido por ninguno de estos episodios y aquellos que fueron señalados por los investigadores tuvieron tiempo de fugarse y se encuentran en paradero desconocido.

Más allá de la seguridad

El papel del Ejército en la denominada Cuarta Transformación que lidera López Obrador va más allá de la seguridad. La lógica de que esta es la única institución «incorruptible» llevó al presidente a entregarle el control de sectores estratégicos como las aduanas, los aeropuertos, el reparto de medicamentos, las vacunas contra el covid-19 o las obras públicas.

Por ejemplo, varios tramos del Tren Maya, un ferrocarril que circulará por los empobrecidos estados del sureste y que ha sido rechazado por organizaciones indígenas y ecologistas, está en manos de los militares.

En este caso, la explicación oficial también va en la línea de la «incorruptibilidad»: la entrega de los proyectos estratégicos a los generales haría que estos los protejan en caso de que un futuro gobierno caiga en la tentación de privatizarlos.

La última iniciativa gubernamental es proponer un referéndum sobre la presencia de los militares en las calles de México. Es cierto que Ejército y Marina son dos de las instituciones más valoradas, con más del 85% en cada encuesta.

La Constitución mexicana impide que se realicen consultas sobre cuestiones de seguridad nacional o de la organización de las Fuerzas Armadas. No obstante, el presidente es lo suficientemente imaginativo como para lograr una solución que permita visibilizar el apoyo popular a sus propuestas.

De fondo, Ayotzinapa

Toda esta luna de miel entre el Gobierno mexicano y el Ejército encuentra dificultades si hablamos de uno de los mayores horrores ocurridos en el país en los últimos años: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que disponían de pruebas que apuntaban a la responsabilidad de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en la desaparición de los estudiantes. Por primera vez no solo se señalaba al Ejército por mirar para otro lado, sino que Encinas afirmó que un comandante, el coronel José Rodríguez Pérez, dio la orden de matar a seis de los estudiantes que seguían con vida varios días después de los hechos.

Con ese señalamiento, la acusación de «crimen de Estado» cobró un nuevo sentido. Actualmente, hay cuatro militares encarcelados por su supuesta vinculación con la desaparición de los estudiantes, entre ellos Rodríguez Perez, lo que ha generado un enfrentamiento al interior del Gobierno de López Obrador.

Las revelaciones de que la Fiscalía General de la República pidió que se anularan 16 órdenes de captura contra integrantes del Ejército apuntalan la idea de una «explosión controlada». Y las familias siguen esperando para conocer el paradero de los 43, entre los que se encontraba un militar infiltrado por el que sus superiores no movieron un dedo.

En México resulta difícil abstraerse del clima de polarización ante cualquier debate público. La militarización es un tema sensible que oficialismo y oposición han sido incapaces de debatir sin maniqueísmos.

Solo hay una certeza: el Ejército cada vez cobra más protagonismo en la vida pública del país y sucesos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la muerte de la pequeña Heidy Mariana siguen impunes.