Stop Desahucios ha hecho un llamamiento a evitar el desahucio de una octogenaria de Usurbil solicitado por un prestamista. La portavoz de la plataforma, Rosa García, ha denunciado este caso en una rueda de prensa celebrada este martes en el Boulevard de Donostia, donde también ha comparecido la afectada, María Ángeles Otegi, quien, completamente superada por la situación, no ha dejado de llorar, lo que le ha impedido tomar la palabra durante la comparecencia.

Varias decenas de simpatizantes de la plataforma han arropado con gritos de apoyo a la afectada, quien también ha sido respaldada en este acto por la alcaldesa de Usurbil, Agurtzane Solaberrieta, así como por distintos representantes municipales y forales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y EB/IU, de los sindicatos LAB y ESK, y de varias plataformas de jubilados.

«Era un préstamo absolutamente leonino con el único objetivo de hacerse con una vivienda por 60.000 euros, o por el 60% de su valor de tasación, que en el mercado inmobiliario, en Usurbil, puede costar más de 300.000 y dejar en la calle a una jubilada de 80 años. Es usura con mayúsculas», ha descrito García en su intervención.

Por este motivo, la portavoz de Stop Desahucios ha hecho un emplazamiento a evitar la «inminente» subasta de esta vivienda, de 90 metros cuadrados y totalmente reformada, que considera «un robo», al tiempo que ha criticado la «usura» de algunos prestamistas que ha calificado de «gentuza» y que, en su opinión, «son peores que los bancos y los fondos buitres. Que ya es decir», ha remarcado.

Por su parte, la abogada de la plataforma, Maite Ortiz, quien también ha estado presente en la rueda de prensa, ha dado a conocer las condiciones del préstamo suscrito por el hijo de la afectada: un crédito a pagar en cinco años, con un interés del 12,5%, y que firmó con el aval de su madre con la intención de cancelar otro crédito anterior de más de 30.000 euros.

Deuda «inflada»

Ortiz ha recordado que el prestamista no llegó a hacer entrega de la totalidad de los 61.500 euros al solicitante, porque le retuvo 30.000 para pagar al anterior acreedor, así como otros 7.000 por la comisión de apertura, una situación en la que, según ha comentado, la deuda se vio «inflada notablemente».

En este contexto, «a la tercera cuota impagada», el prestamista instó una demanda de ejecución hipotecaria, sin el conocimiento de María Ángeles, quien al ser advertida por el juzgado en abril de 2021 de que su vivienda iba a ser subastada contactó con Stop Desahucios, cuya abogada se opuso a la ejecución por la existencia de «cláusulas abusivas» en el contrato.

No obstante, su iniciativa no prosperó porque el hijo de la afectada ya lo había intentado antes sin éxito y el juez lo consideró «causa juzgada». De esta manera, el procedimiento y la subasta han seguido adelante, por lo que la letrada ha formulado una última petición al juzgado con el fin de conocer «el importe total de las cuotas pendientes», con la intención de suspender la subasta y abonar solo la cantidad pendiente.

Ortiz ha desvelado que, de ser atendida esta solicitud por el juzgado, la plataforma tendría tiempo para «buscar soluciones» y que la afectada «se mantenga en su vivienda».

La letrada ha aclarado también que los motivos por los que la gente recurre a este tipo de préstamos responden a las últimas crisis económicas, en las que algunas personas «no tienen posibilidades de que los bancos les concedan préstamos», porque «no reúnen los requisitos necesarios» y se ven obligadas a acudir a prestamistas que en ocasiones se los dan «con el propósito de quedarse con la vivienda».