Defender de forma pacífica la independencia de una nación sin Estado, como es el caso de Euskal Herria, Catalunya o Galiza, es un ejercicio de libertad de expresión. Así lo establece la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Buric, en un informe titulado ‘Libertad de expresión política: un imperativo para la democracia’.

En el mismo advierte de que «la libertad de expresión, como uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática, tiene una importancia decisiva en el debate político. No puede haber democracia donde se coarta la libertad de expresión en el debate político».

«Las opiniones expresadas por los políticos electos, los candidatos que se presentan a las elecciones, pero también todos aquellos que juegan un papel importante en la configuración de las decisiones democráticas en todos los niveles –local, regional, nacional e internacional– son la esencia misma del debate político», añade.

En este sentido, incide en que «es esencial para la democracia permitir que se propongan y debatan diversos programas políticos, incluso las que ponen en tela de juicio la organización actual del Estado, si no perjudican a la democracia».

Además, remarca que «las reglas de la inmunidad parlamentaria persiguen precisamente el objetivo de permitir la libertad de expresión de los representantes del pueblo y evitar que las denuncias partidistas interfieran con las funciones parlamentarias».

«La inmunidad parlamentaria tiene como objetivo proteger la libertad de expresión en el Parlamento, y, por lo tanto, mantener la separación de poderes», destaca citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que han recurrido precisamente los políticos catalanes condenados por impulsar el proceso soberanista que dio pie a la consulta del 1 de octubre de 2017.

Pese a no citar de forma expresa a Catalunya, el informe toma como base la resolución 2381 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, conocido como ‘Informe Cilevics’, donde se reconoce como presos políticos a los dirigentes independentistas y se insta al Gobierno español a reformar el Código Penal, concretamente, los delitos de rebelión y sedición.