Este próximo lunes la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad de la Cámara de Gasteiz aprobará el dictamen del proyecto de Ley de Empleo Público Vasco. Una norma que en el artículo 72.5 establece que, «por medio de ley del Parlamento Vasco se podrá eximir del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario en determinados ámbitos o sectores de actividad».

«Teniendo en cuenta las necesidades objetivas», se podrá eximir del requisito de la nacionalidad en tres ámbitos: sistemas y tecnologías de la información; personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza; y plazas de la Ertzaintza y de la Policía Local que «requieran para su provisión el conocimiento de las lenguas y de la cultura de aquellos sectores de inmigración especialmente implantados en el territorio»

Cabe destacar la mención al Servicio Vasco de Salud, ya que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu echó mano de personas migrantes extracomunitarias para hacer frente a las embestidas del covid-19, prescindiendo de ellas cuando amainó la tormenta. El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, alegó que su contratación se debió a una excepcionalidad, incidiendo que el empleo en la función pública de migrantes procedentes de países ajenos a la Unión Europea no está recogido en el Estatuto Básico del Empleo Público. Obvió que el citado estatuto establece que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas tienen la potestad de aprobar leyes para «eximir del requisito de nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario». Lo mismo que dicta el proyecto de Ley de Empleo Público Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno el 6 de julio de 2021, hace más de un año.

Se trata de una demora demasiado larga a juicio de EH Bildu, que en septiembre del pasado curso registró una proposición no de ley en la que instaba a Lakua a presentar una norma que tenga por objeto «no negar el acceso al empleo a nadie por razón de su origen en Osakidetza». El objetivo era que la ley fuese aprobada «en el plazo más breve posible». Además, pedía al Gobierno autonómico que, «durante el desarrollo de los trabajos que debe realizar el Parlamento, mantenga dentro de las bolsas de contratación a todo el personal que hasta la fecha ha trabajado en la pandemia covid-19 en Osakidetza, incluidas las personas de fuera de la Unión Europea».

«No se puede discriminar»

La iniciativa, rechazada por PNV y PSE utilizando como pretexto la tramitación de la Ley de Empleo Público Vasco, fue firmada por la parlamentaria Rebeka Ubera, que, en declaraciones a GARA, incide en que «no se puede discriminar a nadie por su origen». «No puede ser un factor para trabajar en la Administración», añade antes de cargar contra Salud por «dar una patada» a quienes lucharon en primera línea contra el coronavirus. «Más aun cuando somos un pueblo de acogida», remarca.

Y advierte de que la situación se ha agravado en Osakideza. «No son capaces de dar una respuesta a las falta de profesionales, una respuesta estructural», manifiesta, y censura que la escasez de recursos humanos es fruto de las decisiones adoptadas durante años». «No hay una planificación, ni se han diseñado medidas para afrontar el relevo generacional», detalla antes de denunciar que  no siempre se ofertan todas las plazas MIR existentes. «El Gobierno Vasco tiene una responsabilidad, aunque apunta a Madrid».

Destaca que es preciso hacer cambios desde la universidad, y mejorar las condiciones laborales. «Si ves que los profesionales no vienes tienes que hacer cambios, y no es una cuestión salarial», subraya, alertando de que «el problema es profundo» y ya existía antes de la llegada del covid. «En Cruces denuncian, desde antes de la pandemia, la sobrecarga y la falta de profesionales», apunta.

«Corte xenófobo»

En la misma línea se pronuncia Patxi Nicolau, de ESK, sindicato que denunció el año pasado denunció la «la actitud xenófoba de Osakidetza» al prescindir de personal migrante. Critica que el proyecto de ley «es excluyente porque deja fuera a personal». Solo menciona a facultativos y personal de enfermería.

«No es para todo el personal, y siempre vamos a defender que el acceso al empleo público sea  en igualdad de condiciones para toda la gente que reside en este país», indica, y detalla que hay 96 auxiliares de enfermería que fueron excluidos de Osakidetza por carecer de nacionalidad comunitaria. «Osakidetza es algo más que mécidos y enfermeras», subraya.

De cara a futuro, considera que la norma no va a suponer «la solución a los problemas de la plantilla, pero supone un balón de oxígeno. Es una manera de reconocer de facto aquello que los diferente agentes sindicales venimos denunciando desde hace mucho tiempo: que hay un déficit estructural dentro de Osakidetza y que tiene unas connotaciones políticas».

A este respecto, censura que «pudiendo implantar políticas para conseguir aumentar la plantillla de Osakidetza, el PNV no las ha querido llevar a cabo, porque el único objetivo que tiene es fomentar la privatización». Una queja compartida por fuerzas políticas, sindicatos y agentes sociales.