«Somos conscientes de que una comisión de la verdad en Euskal Herria a día de hoy no concita los consensos necesarios. ¿Qué debemos hacer entonces?», se pregunta Eneko Calle, de Paz con Dignidad, entidad organizadora, junto al Foro Social, de las jornadas ‘La verdad no prescribe, instrumentos para la búsqueda de la verdad’ celebradas hoy miércoles en Donostia y que continuarán este jueves en Iruñea.

La abogada y presidenta de la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016 del Gobierno de Lakua, Juana Balmaseda, ha subrayado que «la memoria es esencial para todos». Ha valorado «positivamente» la creación de esta comisión que hasta la fecha ha reconocido a 268 víctimas de violencia estatal en la CAV, un balance provisional que queda aún muy lejos de la dimensión real si se recuerda, por ejemplo, que oficialmente se reconoce a más de 4.000 víctimas de tortura.

El total de solicitudes de reconocimiento del periodo que cubre esta ley (1978-1999) asciende a 1.220. De ellas, 510 fueron presentadas por miembros de las FSE –en su mayoría guardias civiles– y, por tanto, desestimadas.

Pese a sus «limitaciones», Balmaseda ha remarcado que se trata de «un paso cualitativo importante», que debido hacer frente a «obstáculos muy variados y constantes», entre ellos un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

«Son víctimas –ha apuntado– que han sufrido mucho y que, sobre todo, han estado en silencio, que no han podido contárselo ni a las personas más próximas, ni a su propio entorno o familias. Han sufrido un silencio enormemente grande. No siempre es posible enfrentarse a las consecuencias de hablar, por ejemplo, tras haber pasado por comisaría y vivir un auténtico horror».

«A veces nos encontramos con personas que vienen muy destruidas, toda su vida quedó truncada en un momento dado. Estar en una comisaría, no tener asistencia letrada, no poder decir ante un juez lo que les pasaba pese a que ante las lesiones físicas que presentaban era imposible no reaccionar de alguna manera. Muchas personas han venido a la Comisión haciendo un esfuerzo enorme y con una gran desconfianza en las instituciones. Algunas habían interpuesto acciones judiciales que no fueron atendidas. ¿Esto va a servir de algo? ¿Verdaderamente me van a escuchar? Son preguntas que nos han hecho», señala la presidenta de la Comisión.

«¿Qué piden las víctimas? –ha preguntado– Que se conozca lo que ocurrió, en algunos casos, empezando por ellas mismas, porque desconocen lo que pasó con su familiar. Y que quede constancia de lo que les ocurrió».

En su exposición, Balmaseda ha hecho hincapié en la tortura, en sus consecuencias, en los intentos por hacer distinciones entre víctimas, en la revictimización... «La tortura, los malos tratos, jamás puedan estar justificados. Nunca jamás la tortura puede justificarse», ha enfatizado.

Ha hecho referencia especial a la violencia contra las mujeres, «que padecen un plus de humillación, de riesgo enorme. La mirada pro víctima, pro persona, y en todo momento la perspectiva de género».

Condiciones para una comisión de la verdad

En ese camino de búsqueda de la verdad, Félix Reátegui, investigador en memoria y justicia transicional en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador del comité editorial y responsable del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, ha enumerado las cuatro condiciones indispensables para una comisión de la verdad: «Que haya demanda social más amplia para evitar que las víctimas queden encerradas en una suerte de gueto; que haya recursos logísticos, financieros y capital intelectual; voluntad política y una posibilidad real de hablar».

«Las comisiones de la verdad se ha popularizado, hasta canonizado, diría. Se han vuelto muy grandes, y yo soy muy crítico de eso. No todas tienen que ser de la misma escala. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina, por ejemplo, tuvo un mandato muy concreto, investigar las desapariciones de personas durante la dictadura. Su informe final tiene 450 páginas y si uno va a Buenos Aires, puede comprarlo en cualquier librería y la gente lo sigue comprando. Algo que no sucede con el informe final de Perú, que tiene 9 tomos y 4.000 páginas. O el de Colombia, aún más extenso», ha manifestado Reátegui.

El peligro del olvido

Desde Colombia, el defensor de derechos humanos y exiliado colombiano Ivan Forero, que participó junto a 18 organizaciones de derechos humanos del proyecto ‘Nunca Más Colombia’, ha remarcado que la búsqueda de la verdad «supone en primer lugar la sanación de las víctimas consigo mismas, sin verdad, no hay dignidad».

Este proyecto documentó información de más de 41.000 víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

La periodista brasileña Juliana Dal Piva ha advertido de los efectos de las políticas de olvido: «El olvido genera que el pasado se pueda repetir. Lo estamos viendo en Brasil, donde haciendo un uso torticero de la libertad de expresión se está pidiendo un golpe militar».