La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, que sustentó las condenas a los presos políticos catalanes, ha superado esta madrugada su primera votación en el Pleno del Congreso con el apoyo de una mayoría holgada. A partir de ahora se abrirá un plazo de presentación de enmiendas por si la redacción se modifica.

A instancias del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a cada diputado a levantarse en su escaño y anunciar su voto a viva voz en el hemiciclo. Como se esperaba, no ha habido fugas de voto.

La tramitación de esta reforma del Código Penal ha sido apoyada por los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País-Equo y BNG, que sumaron 187 votos, mientras que los del PP, Vox, Ciudadanos, CC, PRC y Foro, se han pronunciado en contra. Junts y la CUP, por su parte, han optado por la abstención.

La reforma propuesta aboga por borrar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en «desórdenes públicos agravados» con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación. Algunos grupos han avanzado que presentarán enmiendas al considerar que este nuevo delito puede criminalizar las protestas y movilizaciones.

Dos bloques enfrentados

La toma en consideración ha estado precedida de un largo debate, que se ha prolongado durante más de dos horas. El PSOE, por boca de Francisco Aranda, y Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, han defendido la necesidad de suprimir el delito de sedición para adaptar el Código Penal a los «estándares europeos», y han reivindicado la apuesta por el diálogo y la convivencia del Gobierno en Catalunya.

En la misma línea se ha pronunciado Jon Iñarritu, de EH Bildu, que ha advertido de que se trata de una medida positiva para «desjudicializar» el conflicto político de Catalunya y «sacar de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos». Idea compartida por Aitor Esteban, del PNV.

Muy diferente ha sido la postura de la derecha española. Desde el PP, Cuca Gamarra ha reprochado al Gobierno la «tramposa y fraudulenta» propuesta de reforma, hecha «al dictado de Junqueras y a la medida de los golpistas», en alusión a los condenados por el procés que dio pie a la consulta del 1-O.

En la misma línea se han pronunciado Javier Ortega-Smith, de Vox, para quien la propuesta sólo busca «facilitar la vuelta de los cobardes fugados»; e Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que ha acusado al Gobierno español de hacer «Códigos Penales a medida de los delincuentes».

En respuesta a las críticas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado que la reforma sea una concesión a su partido y ha dicho que con ella se le pone «un poco más difícil al juez o jueza facha de turno (...), quitando el juguete a jueces fascistas».

Por su parte, Josep Pagès, de JxCAT, ha criticado que la «Reforma Sánchez-Aragonés» salva a «unos pocos» y pone en peligro el derecho de protesta.

Siguientes pasos

Una vez que la proposición de ley ha sido aceptada por el Pleno, se abrirá un plazo de enmiendas para que los grupos puedan hacer sus aportaciones. Eso sí, el PSOE y Unidas Podemos ya solicitaron el procedimiento de urgencia, lo implica acortar estos plazos a la mitad.

Las formaciones que rechazan de plano la reforma tendrán que registrar un texto alternativo para asegurarse un nuevo debate general antes de discutir las enmiendas parciales. De momento Junts ya ha anunciado que registrará su propia propuesta –basada en la jurisprudencia de tribunales europeos en relación con el procés– y se da por hecho que otros grupos como el PP o Vox harán lo propio.

Para acelerar esta segunda fase de enmiendas existe la posibilidad de que los grupos proponentes puedan solicitar que se tramite en lectura única, es decir, acumular todas las fases parlamentarias en la misma sesión plenaria, sin pasar por ponencia ni comisión.

En cualquier caso, si se pide y el Pleno aprueba la tramitación en lectura única, todos esos debates se harán de una tacada en una semana, y la proposición de ley podrá ser remitida al Senado a mediados del mes que viene para que complete allí su tramitación la semana del 28 de diciembre.