Esta sábado se celebró la primera de las dos sesiones previstas en el juicio por la primera demanda contra el fondo de inversión Azora, impulsada por el Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda, por incluir cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler.

La forma legal del litigio iniciado es una demanda judicial por la vía civil. La base jurídica de la denuncia es que el contrato no estuvo firmado entre dos particulares, sino que la arrendataria se vio forzada a firmar un contrato de adhesión sin ninguna posibilidad de negociación previa. El litigio se inició el 2 de octubre del año 2020 y la sentencia determinará si las diez cláusulas en cuestión son ilegales y atentan contra el derecho del «consumidor» y contra el derecho a la vivienda. Si la jueza falla a favor de la parte demandante, se podría sentar un precedente que en un futuro permitiría que centenares de inquilinos se vieran beneficiados y para que los fondos buitre dejen de incorporar estas cláusulas en los contratos.

En 2019 y 2020, centenares de inquilinos del fondo buitre Azora se organizaron en asambleas en distintas ciudades de Catalunya a raíz de las subidas de alquiler de hasta el 80% que Lazora, empresa cuya matriz es el fondo de inversión Azora, quería imponer a los inquilinos para renovarles los contratos. Sus movilizaciones fueron la punta de lanza en la lucha por la regulación de precios de alquiler, que se aprobó finalmente el septiembre del 2020 y acabó protegiendo a centenares de inquilinos que pudieron renovar los contratos sin subidas de alquiler por parte del fondo buitre. Azora es la empresa matriz de las empresas Lazora, EncasaCibeles y Témpore Properties. Es el tercer «fondo buitre» en número de viviendas del Estado con un total de 13.000.

El fondo de inversión Azora posee numerosos inmuebles en Donostia tras la adquisición de Inmobiliaria Vascongada en febrero de 2020. El pasado 3 de noviembre, Stop Desahucios denunció que Azora había comunicado a ocho de los inquilinos de tres fincas del barrio de Gros la finalización de sus contratos y la intención de desalojar los inmuebles. Según Inquilinos Azora y Stop Desahucios, durante este mes más inquilinos han recibido burofaxes en los que se les comunica la finalización de sus contratos. «Ante la gravedad de esta situación y a pesar del intento de mediación de la Alcaldía para tratar de renovar los contratos por siete años, la ruptura de la promesa se ha confirmado con la ratificación de la intención del fondo de inversión de vaciar los tres edificios de Berminghan 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2 para acometer reformas de las viviendas a fin de convertirlas en viviendas de lujo», denunciaron.

El jueves el pleno de Donostia sacó adelante una moción presentada por EH Bildu y Elkarrekin en nombre de Stop Desahucios y en la que se insta al Gobierno municipal a mediar para que el fondo buitre renueve sus contratos de alquiler a los inquilinos afectados.