Con todos los sindicatos de la Administración en contra e incluso una concentración de LAB en el exterior de la Cámara, PNV y PSE han echado mano de su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley de Empleo Público, después de los intentos frustrados en legislaturas anteriores.

Mientras los partidos del Gobierno destacan que la nueva ley moderniza, adapta, mejora, adapta a los nuevos modelos de sociedad y da seguridad jurídica la normativa anterior, desde los grupos de izquierda se subraya que no ataja la privatización y externalización de trabajos, ni corrige los altos porcentajes de interinidad.

El PP+Cs se ha constituido en el único aliado de PNV y PSE en esta materia, y gracias a un acuerdo, entre otras cosas sobre la creación de la escala de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, esta coalición se ha abstenido. En cualquier caso, su parlamentario Luis Ignacio Gordillo ha subrayado que la aprobación de esta ley es una oportunidad perdida de transformación y modernización de la administración.

Mediáticamente se ha destacado de esta ley que abre la puerta a la contratación de trabajadores extracomunitarios puedan ser empleados públicos, pero únicamente cuando haya necesidades especiales y en este caso para médicos especialistas, informáticos y policías. Sin embargo, para eso hará falta un nuevo desarrollo legislativo. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han criticado esta limitación, bien porque la primera proponía que bastara el requisito del empadronamiento en la CAV, bien porque la segunda entiende que en el futuro puede haber otras necesidades laborales. El PNV ha asegurado que se limitan a cumplir la normativa del Estado.

Jon Hernandez, de Elkarrekin Podemos-IU, ha incidido en su exposición que «se deberían blindar empleos públicos y evitar que estén expuestos a la privatización y externalización». Además, critica que el límite de contrataciones quede a merced de «la disponibilidad de recursos», que puede ser diferente según las que se plantee cada gobierno en cada coyuntura. Además, ha defendido la homologación de retribuciones de todas las administraciones de la CAV.

Solidaridad de EH Bildu con los trabajadores del Metal

La parlamentaria de EH Bildu, Pacis García, ha iniciado su intervención mostrando la solidaridad de su grupo con los trabajadores del Metal de Bizkaia en huelga y denunciando el «inaceptable trato que están recibiendo por parte de la Ertzaintza». Después ha expresado que no han visto en el Gobierno voluntad de llegar a un acuerdo y ha criticado que, por ejemplo, los partidos que lo sustentan hayan votado en contra de, por ejemplo, limitar la interinidad por debajo del 8% como se exige desde la UE.

EH Bildu ha defendido dimensionar la administración pública a las necesidades públicas, recordando que mientras la media de trabajadores públicos en la UE es del 20%, en la CAV no pasa del 12%. Pacis García ha recordado que en estos momentos hay unas 100.000 personas en empresas subcontratadas que trabajan para la administración, en algunos casos en condiciones de precariedad. Además ha criticado que la ley no da pasos suficientes en la euskaldunización, ni en la no discriminación por razón de sexo, discapacidad o nacionalidad. Ni tampoco recoge la participación sindical y la negociación colectiva.

Desde el PNV, Estibaliz Larrauri ha sostenido que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se han mantenido en «posturas maximalistas» y les ha pedido que tengan autonomía con respecto a los sindicatos. Ha agradecido al PP+Cs su disposición al acuerdo. «Estamos ante un momento histórico porque 33 años después tendremos una nueva norma para consolidar un marco y un modelo propio de empleo público. Momento histórico sí, pese al no de algunos grupos», ha concluido.