El magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil Gilmar Mendes ha dado al Gobierno de Lula da Silva, que empezará a trabajar en enero, la llave para financiar sus programas sociales superando el tope de gasto previsto. El juez ha considerado «jurídicamente posible» que «el eventual desembolso adicional de recursos con el objetivo de costear en 2023 el programa Auxilio Brasil puede ser viable mediante la apertura de crédito extraordinario».

«Esos gastos (...) no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gastos», según la decisión hecha pública el domingo por la noche (madrugada en Euskal Herria).

Lula, que asumirá la Presidencia del gigante suramericano el 1 de enero, prometió mantener el plan Auxilio Brasil (antiguamente llamado Bolsa Familia), una asistencia de 600 reales (114 dólares) para las familias más necesitadas, con 150 reales adicionales por niños menores de seis años.

En la práctica, la decisión de Mendes ofrece una salida a Lula para cumplir con esas ayudas sociales sin recurrir a cambios en la Constitución que se vienen debatiendo en el Congreso.

El Senado dio luz verde a una enmienda constitucional (PEC) que libera 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) fuera del tope de gasto en los próximos dos años para esa distribución.

Votación prevista

Pero las negociaciones se han trabado en la Cámara de Diputados. Una votación en el plenario de esa cámara está prevista para mañana.

El acceso a los recursos para Auxilio Brasil es visto con prioridad por el Ejecutivo entrante para atender desde los primeros días en el poder los principales desafíos sociales de la mayor economía de América Latina.

El hambre afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria.

Los mercados han reaccionado con nerviosismo ante esos anuncios por temor a lo que consideran un «aumento desmedido» del gasto público durante el Gobierno de Lula.