El Parlamento de Gasteiz ha aprobado la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, impulsado por el Departamento de Trabajo y Empleo que dirige la vicelehendakari segunda Idoia Mendia. Esta es la segunda reforma que se hace de la conocida como Ley del RGI puesta en marcha en 2008. Las dos reformas han venido de la mano de un departamento del PSE. Pero la de 2012 fue en compañía del PP, con restricciones y endurecimiento de condiciones. En este caso, los grupos de izquierda coinciden en que el cambio es a mejor.

La reforma ha salido adelante con el voto a favor de los dos grupos del Gobierno, PNV y PSE, a los que se unió Elkarrekin Podemos-IU con quienes se negociaron algunas de sus enmiendas. Con EH Bildu también hubo conversaciones, y aunque todas las partes coinciden en que se hicieron con buen talante, finalmente no fue posible el acuerdo. La izquierda independentista considera que en la reforma se tenía que haber ido más allá, puesto que hay dinero para ello. Como observan mejoras pero no son suficientes, han optado por lo que definen como «abstención crítica».

Los grupos de la derecha española han votado en contra. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha intervenido en el debate. Laura Garrido, de PP+Cs, ha repetido los argumentos que ya se utilizaban en los tiempos de Javier Maroto y aquella plataforma de ‘Ayuda más Justas’ que tanto incidía en los abusos y fraudes en la recepción de la RGI y cuyo portavoz tuvo que abandonar su cargo al descubrirse que como empresario había defraudado al INEM y a la Seguridad Social.

Defensa de Idoia Mendia

La Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión ha sido defendida ante la Cámara por la vicelehendakari segunda y consejera Idoia Mendia, quien ha aprovechado para apuntar que el texto puede gustar más o menos o no gustar nada, pero se va a poder votar, no como ocurre en el Senado, en referencia a las últimas decisiones del Tribunal Constitucional.

En la pasada legislatura ya se intentó una reforma impulsada entonces por la consejera Beatriz Artolazabal, que no llegó a concitar la mayoría necesaria e introducía algunas consideraciones restrictivas que en esta ocasión se han corregido.

Idoia Mendia ha subrayado que «esta ley supone una mejoría en todas y cada una de las situaciones vulnerables por las que pase un miembro de nuestra sociedad: hay una mejoría en la renta, que se adapta a las tasas de riesgo de pobreza; hay una mejoría en la tramitación y la inclusión con mayor agilidad, con más seguridad para las personas usuarias y para quienes trabajan en Lanbide, con más garantías para que quienes accedan al derecho tengan oportunidades para no quedar aparcados en el rincón del proteccionismo, con mayor rigor en la gestión de los recursos públicos».

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto, ha defendido el trabajo de su grupo, que en la negociación consiguió que se bajara la edad de acceso a los 18 años, aunque con muchas condiciones, y que se incluyera un índice para fijar la base de la prestación y esta no quede al albur de lo que decida el Gobierno en los presupuestos.

EH Bildu: «Oportunidad perdida»

Nerea Kortajarena, de EH Bildu, ha reconocido la existencia de mejoras en esta ley sobre la situación actual pero, por ejemplo, en la cuestión de la edad de acceso ha recordado que entre los 18 y 23 años se convierte en una verdadera ginkana. En cuanto al índice, ha lamentado que se adopte en umbral de pobreza en el Estado, que está por debajo de la CAV, y que el otro autonómico escogido deje fuera el gasto en vivienda.

Para EH Bildu esta es una oportunidad perdida, puesto que se podía haber optado por una ley que mire y se anticipe a lo que viene, mientras que se ha elegido la disciplina presupuestaria. Por ejemplo, Kortajarena ha criticado que el dinero que llega del Estado para el pago del Ingreso Mínimo Vital se ha tomado como un ahorro, en lugar de optar por aumentar el presupuesto. De hecho, ha subrayado que la mayoría de las enmiendas que se les han rechazado ha sido precisamente por eso.

«Gota malaya» y «cicatrices»

Nerea Kortajarena ha incidido, eso sí, en la importancia de esta ley y en la necesidad de actuar con responsabilidad, puesto que la «gota malaya» de la derecha para desprestigiar la RGI ha calado en cierta medida en la sociedad. Por ello ha asegurado que EH Bildu no va a contribuir a desprestigiar la ley.

Y esa «gota malaya» ha seguido hoy también en la Cámara, donde la parlamentaria del PP+Cs Laura Garrido ha insistido en que se trata de una ley que desincentiva el empleo, que debe dirigirse a quienes verdaderamente lo necesitan (dando a entender que muchos de los perceptores no lo necesitan) y por un tiempo limitado y que debe hacerse con control y con el compromiso de que quienes lo reciben se formen y consigan empleo. En su segunda intervención ya se ha deslizado por comentarios que recordaban otros tiempos.

El parlamentario jeltzale Jon Aiartza ha dicho a continuación que hay personas que a su paso dejan huella y otras solo cicatrices. En su discurso ha recordado que estas leyes vienen inicialmente desde un gobierno presidido por José Antonio Ardanza y ha subrayado que los índices de pobreza en la CAV son menores que en el Estado, precisamente por el esfuerzo institucional que se viene haciendo.

Sin embargo, tanto desde Elkarrekin Podemos-IU como por parte de EH Bildu se han ofrecido datos de que la desigualdad y la pobreza están creciendo también en la CAV en los últimos años. De hecho, Nerea Kortajarena ha subrayado que hace unos días Cáritas de Araba desvelaba que la vulnerabilidad está llegando ya a las llamadas clases medias.