El Ministerio Público de Perú ha acordado este viernes realizar diligencias previas sobre las denuncias presentadas contra la presidenta interina del país, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones en diciembre pasado.

«La Fiscalía de la Nación (general) dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; Alberto Otárola, en su condición de ministro de Defensa (hoy ocupa el cargo de primer ministro); César Cervantes, exministro del Interior y otros», ha informado el Ministerio Público en redes sociales.

Además, ha agregado que estas denuncias «tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022», que en 20 días se cobraron la vida de al menos 28 personas.

Esas protestas comenzaron después de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia de Perú, tras la destitución de su predecesor, el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), que cumple 18 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de «rebelión».

Las manifestaciones ciudadanas, que reclamaban la renuncia de Boluarte, un adelanto de elecciones, una nueva constitución y la liberación de Castillo, se produjeron en varias regiones del país y fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.

Las diligencias que llevarán a cabo sobre este caso la Fiscalía –que se extienden también al jefe del gabinete ministerial, quien en diciembre ocupaba el cargo de ministro de Defensa– son el primer paso a una eventual investigación preparatoria contra los imputados.

En esta etapa inicial, el Ministerio Público verificará si ha habido actos delictivos y si hay elementos materiales de su comisión.

Una vez terminadas las diligencias preliminares, la Fiscalía puede ordenar el archivo de las denuncias o su formalización para continuar con la investigación preparatoria, en caso de que encuentre indicios reveladores de la existencia de un delito.