El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) ha ganado un juicio contra el fondo buitre Azora. Se trata de la primera vez que el Estado español condena la inclusión de clausulas abusivas y que generan desequilibrios entre arrendadores y arrendatarios en los contratos de alquiler.

Según informa el sindicato en una nota, Azora es «el tercer fondo buitre más grande del Estado» y matriz de las empresas Lazora, EncasaCibeles y Témpore Properties, que cuentan con un total de 13.000 viviendas en todo el Estado y gestionan 20.000.

En Euskal Herria, el pasado 9 de enero, el fondo buitre se hizo con la concesión para la explotación de la estación de autobuses de Bilbo, después de que hiciera lo propio con el 51% de la de Donostia el pasado mes de julio.

La sentencia del procedimiento en el que han ejercido la acusación el Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda considera abusivas y fraudulentas 9 de las 10 cláusulas denunciadas como vulneradoras de derechos.

Según informan, la demanda la interpuso en 2020 Sílvia Torres, una vecina de Granollers en el marco de una campaña de centenares de inquilinos de Azora que luchaban contra subidas abusivas de alquiler.

Concretamente, a Torres le imponían una actualización de la renta del 30% pasando desde los 690 euros que pagaba mensualmente en el momento de formalizarse el contrato en enero de 2020 a casi 1.100 euros a partir del tercer año.

«Este es un precedente inédito en el Estado español, dado que es el primer juicio contra la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento y, por lo tanto, abre las puertas a cambiar el futuro de miles de personas afectadas por estas cláusulas en sus contratos de alquiler», recalcan desde el sindicato.