Dos activistas antimilitaristas del grupo KEM-MOC han sido juzgados esta mañana de martes, acusados de daños contra la propiedad privada por una «acción directa no violenta» que llevaron a cabo el 18 de diciembre de 2021, en la que representaron el derribo del Gobierno Militar de Bilbo. Por esta acción, enmarcada dentro de la campaña #BotaKuartela, la Fiscalía pide para dos de los activistas que la llevaron a cabo penas de 18 meses de cárcel y 4.500 euros de multa, solicitud que ha mantenido en el juicio.

El grupo antimilitarista ha llevado a cabo una movilización antes de la celebración de la vista oral, en la que han expuesto una pancarta con el lema #BotaKuartela y han simulado derribar con mazas una representación del propio cuartel. Los encausados han expresado su intención de seguir trabajando en favor del derribo del edificio del Gobierno Militar, ya que «las guerras las empiezan aquí, y hay que terminarlas aquí».

El Gobierno Militar ha notificado el tribunal poco antes del comienzo del juicio que no se presentaría como acusación civil, puesto que los daños ya han sido reparados y son mucho menores a los demandados por la Fiscalía. Y es que los desperfectos causados habían sido valorados en 784,05 euros, una cifra once veces menor a los 9.000 en total que se reclaman.

En el juicio han declarado agentes de la Ertzaintza que se personaron en el cuartel de Irala, los cuales han explicado que si bien los activistas tuvieron que ser desalojados, «no opusieron resistencia activa».

Los testigos de la defensa, por su parte, activistas antimilitaristas que también participaron en la protesta, han recalcado el carácter «no violento» de la misma.

Ambos encausados han explicado que participaron en la acción, para pedir que los 6.500 m² que ocupa el cuartel sean dedicados a «mejoras de las condiciones de vida de la ciudadanía».

Un edificio «sin labor pública» y reclamado

La Fiscalía ha considerado acreditados los hechos y ha tachado la acción como una manera de protestar «que no es adecuada» puesto que «existen otras vías». Pese a que el Gobierno Militar ha sido indemnizado y se han cubierto los gastos de los daños que causó la protesta, la Fiscalía ha mantenido la petición de 36 meses de cárcel y 9.000 euros de multa en total.

El abogado de la defensa ha solicitado la libre absolución de ambos encausados, calificando la simulación del derribo del cuartel como una acción «punible, pero no moralmente reprochable». Asimismo, ha explicado que el edificio «no cumple ninguna labor pública» y que el propio Ayuntamiento de Bilbo «ha solicitado el uso del solar». También ha expresado la necesidad de este tipo de acciones para cambiar la sociedad.

El juicio ha quedado visto para sentencia y los activistas, que han sido recibidos entre aplausos a la salida, han recalcado que el edificio del Gobierno Militar situado en el barrio de Irala «debe ser demolido para su aprovechamiento para las mejoras de vida de las ciudadanas de esta ciudad».