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El Gobierno español licita el centro de refugiados de Gasteiz

El BOE ha publicado este jueves el anuncio para la redacción del proyecto y la realización de la rehabilitación del edificio que acogerá un centro de refugiados en Gasteiz. El PNV insiste en criticar la «unilateralidad» del Gobierno español y Artolazabal se queja de no haber sido informada.

Concentración vecinal para reclamar que la Clínica Arana sea para personas dependientes, como piden desde hace una década.
Concentración vecinal para reclamar que la Clínica Arana sea para personas dependientes, como piden desde hace una década. (Raul BOGAJO | FOKU)

El Ejecutivo español ha convocado la licitación del proyecto constructivo del centro de acogida de refugiados en la antigua residencia de Arana, en Gasteiz, entre nuevas críticas del PNV, que lamenta «profundamente» que se haya «desoído» el llamamiento al diálogo institucional que la formación jeltzale lanzó y se haya optado por la «unilateralidad y el Boletín Oficial del Estado».

El recurso asistencial, que se hará por tramitación urgente, tiene un valor económico estimado es de 14,6 millones de euros y el plazo de ejecución es de 4 meses para la redacción del proyecto y de 12 meses de ejecución de la obra a partir de la aprobación del mismo. Esperan que esté en funcionamiento en julio de 2024.

El PNV considera que no se corresponde con lo que denomina el «modelo vasco» de atención a los refugiados.

Lakua denuncia no tener información

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Lakua y candidata del PNV a la Alcaldía de Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha afirmado este mismo jueves que, al igual que el primer edil Gorka Urtaran, escribió a Escrivá para pedirle información sobre este centro y que todavía no ha obtenido respuesta. Asimismo, ha manifestado su «sorpresa» al constatar que aún no tenga información de primera mano.

Por su parte, el delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, criticó en su día que palabras como «macrocentro» y «guetización» –usadas por Artolazabal– pueden «deteriorar la convivencia y no responden a la realidad del sistema de acogida», al tiempo que entrañan un «riesgo de abonar determinados discursos de rechazo».