El 10 de enero el Tribunal Supremo confirmó las duras penas contra los exburukides Alfredo De Miguel, Koldo Ochandiano, Aitor Tellería, y el exdirector de Juventud del Gobierno de Lakua Xabier Sánchez Robles, por delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Y a todo ello se añade la creación de una «asociación ilícita», «prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la Ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal [también del PNV]» y «se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración [controlados también por adivinen qué partido] adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión», según dicta la sentencia.

Con este antecedente, era previsible que el tema se llevara al primer pleno de control del Gobierno del periodo de sesiones que ha tenido lugar en el Parlamento de Gasteiz este viernes. PP+Cs y Vox han optado por la sal gruesa. Carlos Iturgaiz ha hablado del «caso PNV», de la «omertá de PNV Sociedad Limitada», espetándole al lehendakari que «para ustedes no es lo mismo ser corrupto que ser nuestro corrupto» y acusándole de «incoherencia», «falsedad» y «burla».

Para no ser menos, Amaia Martínez ha asegurado que «en el País Vasco, al parecer, o pasas previamente por caja o eres condenado a galeras. Quién sabe señor lehendakari, si en un futuro Francis Ford Coppola pueda elegirnos como territorio para filmar la cuarta entrega de la saga ‘El Padrino’».

Ante este tono, el lehendakari ha tenido fácil mantener su ya conocido discurso sobre el ‘Caso De Miguel’, y ha añadido que «por mi parte, le aseguro que evitaré hipérboles y estridencias ofensivas, así como comparaciones que pudieran ponerle en un compromiso, señor Iturgaiz», pero no se ha privado de acusar al presidente del PP de faltar a la verdad y a Amaia Martínez le ha preguntado si «además de todas las generalidades que ha proferido, ¿tiene algún caso concreto que denunciar?».

Urkullu: «Rapidez, contundencia y claridad»

Iñigo Urkullu ha asegurado que en este caso su partido y él actuaron con «rapidez, contundencia y claridad», y ha subrayado que lo han hecho «siguiendo un código de conducta ética y coherente, basado en los siguientes criterios: conjugar firmeza y respeto a la presunción de inocencia; apartar de cualquier cargo de responsabilidad política o interna a las personas que pudieran estar implicadas; plena colaboración con la justicia, con la investigación policial, con los servicios jurídicos y personación en la causa; respetar, acatar y cumplir las decisiones adoptadas por la Justicia; y pedir perdón a la sociedad».

En varias ocasiones, el lehendakari ha repetido que «quienes no cumplan la ley nos tendrán siempre en frente, sobre todo si son cargos públicos». Y por ahí ha ido la pregunta realizada por Josu Estarrona de EH Bildu, que ha señalado que solo faltaría que el Gobierno no persiguiera las actuaciones ilegales, pero ha querido poner la vista sobre lo que también hay detrás del ‘Caso De Miguel’, esas actitudes que quizá no sean ilegales, pero sí «irregulares y extendidas como las redes clientelares, las puertas giratorias o los amiguismos».

Estarrona le ha preguntado a Urkullu si considera «que el Gobierno tiene una actitud proactiva para hacer frente a las malas prácticas», puesto que en opinión de EH Bildu es más bien «pasiva».

El lehendakari ha negado esa pasividad y ha asegurado que «no es mi opinión» sino que demuestran con «acciones» que su Ejecutivo tiene una «actitud totalmente proactiva contra la corrupción y las actuaciones contrarias a la ley».

Estarrona enumera las negativas del Gobierno

Y ha sido en esas «acciones» donde a continuación se ha fijado Josu Estarrona. Ha recordado que el Gobierno de Urkullu y los partidos que lo apoyan se han negado a «impedir contratar con las consultoras sancionadas en el Cártel del Norte», a «adoptar medidas ante cártel de constructoras que se han repartido contratos», a «establecer un periodo de carencia entre ostentar un cargo político y poder ser miembro del TVCP», a «regular por ley un centro de estudios de opinión objetivo e independiente», a «la creación de un consejo audiovisual vasco que regule el ámbito autonómico», a «la creación de una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción» y a «regular por ley las puertas giratorias para dificultar y obstaculizar que se produzcan». Todo ello han sido proposiciones de ley que han hecho desde la oposición y que no se han aceptado, como recogió este medio el pasado domingo.

Pero hay otra propuesta rechazada que tiene también mucho que ver con el ‘Caso De Miguel’, que es la negativa a «legislar que las personas denunciantes y que alerten de malas prácticas sean protegidas». Porque como se ha recordado hoy en el Parlamento, nadie desde el PNV ni desde el Gobierno de Urkullu ha tenido ninguna palabra de apoyo para Ainhoa Alberdi, la abogada a la que pretendieron extorsionar y que con su denuncia desveló esta trama de corrupción. Desde entonces, como ya le amenazaron personalmente, nunca ha vuelto a tener ningún contrato público con instituciones dependientes del PNV.

La enumeración de negativas a iniciativas que favorezcan el control parece haber descolocado al lehendakari, que ha tenido que volver a la respuesta dada a Vox sobre que si tenía algo concreto que denunciar podía tomar medidas. Quizá pronto se conozca alguna.

Comisión Ética y Oficina Anticorrupción

Después, Iñigo Urkullu ha afirmado que «es muy difícil, diría que es imposible, que una organización garantice que no se vayan a producir conductas ilegales en su seno. Por ello, el Gobierno de Lakua aprobó en 2013 el Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y se creó la Comisión de Ética Pública.

Sobre esta comisión y sus actuaciones, la oposición alberga muchas dudas. Cabe recordar que de sus cinco miembros, tres son del Gobierno y de las dos personas independientes, una de ellas fue en su día candidato de la coalición PNV-EA y diputado foral en Gipuzkoa.

Y en cuanto a la actitud proactiva contra la corrupción, el próximo martes el Consejo de Gobierno deberá dar su criterio favorable o desfavorable a la creación de una oficina de buenas prácticas y contra la corrupción propuesta por EH Bildu. En 2017, sin mayoría absoluta, estuvo a favor, pero las diputaciones obstaculizaron su tramitación y acabó decayendo con el fin de la legislatura. En 2020, esta vez ya con mayoría absoluta, se posicionó en contra. Ahora, habrá que ver qué decisión adopta la próxima semana y cómo la justifica.

El lehendakari ha asegurado hoy, y así constará en el diario de sesiones, que la actitud proactiva de su Gobierno contra la corrupción no son solo dichos sino también hechos.