A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial ‘El Peruano’, el Ejecutivo peruano ha anunciado la extensión del estado de emergencia a siete departamentos del centro-sur del país donde se siguen produciendo las mayores protestas antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.

El descontento social con las nuevas autoridades peruanas tras el cese del exmandatario Pedro Castillo ha dejado más de 60 muertos en todo el país entre peticiones de dimisión y la celebración de elecciones presidenciales anticipadas con carácter de emergencia.

La medida ya se aplicaba en Cuzco, Puno y Tacna, y en algunas provincias de Apurímac, Madre de Dios y Moquegua, pero ahora se amplía a nivel regional y se incluye Arequipa. Paro tras nuevas protestas de la noche del sábado en la capital, Lima, el Gobierno ha optado por declarar este estado excepcional en casi la práctica totalidad del centro-sur del país.

El Gobierno decretó a medianos de enero y por 30 días el estado de emergencia en Lima, Callao, Amazonas y La Libertad, por lo que en total son once departamentos los que permanecen en estado de emergencia.

Restricción de derechos y toque de queda

El decreto establece que durante el estado de emergencia quedan restringidos o suspendidos «los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales». La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, «con excepción del departamento de Puno, donde se requiere que el control interno sea asumido por las Fuerzas Armadas».

El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de «perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación».

Por otro lado, el artículo tercero del decreto extiende por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 04.00, que ya estaba vigente en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas.

La norma lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de las carteras de Defensa, Interior y Justicia.