«Nosotros somos los empobrecidos, los sufridos y estamos aquí en defensa del futuro de nuestros hijos», clama un hombre indígena frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala. Junto a él, cientos de personas llegadas de distintos territorios del país enarbolan la bandera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y denuncian en carteles el «fraude, la mafia y la corrupción».

Trataban de presionar, sin éxito, para que el Pleno del TSE aceptara la inscripción del binomio conformado por la candidata indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. Los simpatizantes del MLP amenazaban, incluso, con tomar el Aeropuerto Internacional de Guatemala, así como el TSE y todas las dependencias del Estado si se impide que el 25 de junio el binomio presidencial estuviera en la papeleta de votación.

Pero los magistrados del Pleno del TSE, a excepción de una de ellas, siguieron el guion previsto y rechazaron el jueves el recurso de nulidad presentado por el MLP en contra de la decisión adoptada el 27 de enero por el Registro de Ciudadanos de dejar fuera del proceso electoral a la única alternativa de oposición al statu quo. El argumento esgrimido es una denuncia interpuesta en la Fiscalía por el actual procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, contra su antecesor por una supuesta anomalía detectada en la solicitud del pago de la indemnización a la que tenía derecho tras haber ocupado el cargo entre 2017 y 2022. Córdoba ni siquiera sabe si hay algo ilegal, pero justifica su denuncia al surgir «duda con alguna documentación».  

«Pacto de corruptos»

Durante su mandato como rocurador, Rodas denunció la existencia de un «pacto de corruptos» en el Congreso tanto en el anterior Gobierno de Jimmy Morales como en el actual del conservador Alejandro Giammattei. Además, trató de impedir días después de asumir el cargo, a través de amparos judiciales ante la Corte de Constitucionalidad, el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) y la expulsión del país de su comisionado, Iván Velázquez, quien hoy es ministro de Defensa de Colombia. Sus esfuerzos por mantener este órgano de la ONU fueron en vano porque no impidieron que el 3 de septiembre de 2019 cerrara tras 12 años de trabajo contra la corrupción, que tuvo su momento álgido con la detención, en septiembre de 2015, del expresidente Otto Pérez Molina, condenado en diciembre de 2022 a 16 años de prisión por un fraude millonario en las aduanas del país.

Rodas fue testigo de la desaparición de la Cicig y del cese, en julio de 2021, del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, a quien llegó a acompañar a la frontera con El Salvador para garantizar que pudiera salir seguro del país de que huyó hacia EEUU ante la persecución penal que se avecinaba en su contra y que se ha traducido en tres órdenes de detención por supuestos casos de corrupción.

«Exilio» en Euskal Herria

De este modo, Rodas quedó como único contrapeso al poder en Guatemala, aunque tras finalizar su mandato, el 19 de agosto del pasado año, también decidió salir del país y fijar temporalmente su residencia en el «exilio» en Euskal Herria, ante la posibilidad de que fuera denunciado y encarcelado. La única manera de regresar con inmunidad es a través de su inscripción como candidato a la Vicepresidencia. Se unió como compañero de fórmula electoral a la candidata indígena del MLP a la Presidencia, Thelma Cabrera, quien en los comicios de 2019 quedó en cuarto lugar. Perteneciente a la etnia maya mam, se ha convertido para sus simpatizantes en la única alternativa al «Estado fallido» en el que aseguran que se ha convertido Guatemala, mermado por una corrupción endémica que condena a la pobreza a ocho de cada diez indígenas.

Tras la decisión del TSE de no inscribirles peligra su candidatura, por lo que Rodas adelanta a GARA que presentarán en los próximos días un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y, si es necesario, recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revertir lo que tacha de un «evidente fraude».

La hija de Ríos Montt

Mientras el MLP lucha en los tribunales para poder participar en el proceso electoral, el TSE no tuvo ningún reparo en inscribir como candidata a la Presidencia a Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, fallecido en 2018 y quien en 2013 fuera condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, aunque el proceso fue anulado diez días después tras un recurso presentado por su defensa. Durante el régimen sanguinario de Ríos Montt, entre 1982 y 1983, se ejecutó a miles de indígenas en el marco de su política de «tierra arrasada» para combatir a la guerrilla.

Esta misma semana, mientras Zury Ríos recorre el país afiliando a gente a su partido VALOR sin la más mínima crítica o condena a lo que hizo su padre, familiares de las víctimas causadas por Ríos Montt enterraban en el caserío (la) Buena Esperanza las osamentas de 17 personas secuestradas y desaparecidas por el Ejército en 1983.