El 84% de los casos de torturas recogidos en el informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) sobre esta práctica en Nafarroa se dieron durante el periodo de incomunicación y un 94% se atribuyen a la Policía española y la Guardia Civil. Concretamente, casi la mitad, un 49,8%, corresponden a la Policía española, mientras que el 45,1% corresponden a la Guardia Civil. A la Ertzaintza se le asignan el 1,3% de los casos y hay un 2,3% atribuido a otros cuerpos policiales y un 1,5% en los que hay falta de información o duda.

Se trata de algunos de los datos del informe sobre la tortura en Nafarroa en el periodo 1979-2015 elaborado por un grupo de expertos del IVAC que han comparecido este martes en el Parlamento. Ha sido elaborado con una metodología ya empleada en la CAV.

El informe subraya, en 155 páginas, que de los 532 casos que se han analizado, el 81,4% se encuentran ratificados, al menos, por alguna de las siguientes vías: testimonio escrito (113), ratificaciones firmadas (382), consentimiento informado (360), testimonios orales (19 por audio y 93 por vídeo) y el Protocolo de Estambul (38 casos).

Como ya se avanzó en el resumen difundido cuando se presentó el informe al Gobierno navarro, los años 1980 y 1984 ofrecen las frecuencias de casos más altas, con 46 y 44 respectivamente. Posteriormente, se produce un descenso con un repunte en la década de 1990.

De los 532 casos, en el 81,6% de los mismos el territorio de detención fue Nafarroa, seguido de Gipuzkoa (9,2%) y Bizkaia (4,7%). En Araba no se registró ninguna detención, mientras que el 3% fue en otro lugar del Estado español y un 0,9% fuera del mismo.

Periodo de detención

El informe también pone su foco en el tiempo que las personas que han denunciado torturas estuvieron detenidas. El documento constata que la detención se prolongó durante un periodo inferior a los tres días en el 37,8% de los casos; en un plazo de cuatro a cinco días en el 25,8%; en un periodo de seis a diez días en el 17,3% y en un plazo de más de diez días en el 0,8%, de los casos. Hay un 18,4% de casos en los que no hay información.

Respecto a la duración de las detenciones según el cuerpo policial que las practicó, puede observarse que la detención en un periodo de hasta tres días es la que mayor porcentaje acumula. Es el 43% de las detenciones llevadas a cabo por la Policía española; el 32,9% de las de la Guardia Civil; el 42,9% de las de la Ertzaintza y el 33% de las de otros cuerpos policiales. En el otro lado del espectro, solo la Guardia Civil cuenta con detenciones de un periodo superior a los diez días.

El informe pone su foco también en la incomunicación, una medida que ha sido recurrentemente denunciada como creadora de un ecosistema que ampara la práctica de la tortura.

De este modo, en el 84% de los casos analizados se practicó la incomunicación. Apenas un 2,8% relata que no fue incomunicado y en un 13,2% de los casos se desconoce este aspecto.

«En el 82,8% de las detenciones analizadas que fueron practicadas por la Policía española se recurrió a la incomunicación. En el caso de la Guardia Civil, el porcentaje sube hasta el 86,6%».

Por cuerpos policiales, en el 82,8% de las detenciones analizadas que fueron practicadas por la Policía española se recurrió a la incomunicación. En el caso de la Guardia Civil el porcentaje sube hasta el 86,6% y en el de la Ertzaintza desciende hasta el 57,1%.

Un dato abrumador respecto a la incomunicación que señala el informe del IVAC es que «todas las personas menores de edad sobre las que se tiene información en este estudio alegaron haber sido incomunicadas».

Técnicas de tortura empleadas

El informe del IVAC ha analizado 465 casos que disponían de información sobre la técnica de tortura aplicada. «Los datos muestran que, a lo largo del periodo estudiado, han predominado los golpes (80,5%) como método habitual de tortura y malos tratos, incluyendo entre ellos las palizas (77,4%), tirones de pelo (38,5%) y empujones (7,3%)».

De forma «muy frecuente», las denuncias señalan distintas formas de privaciones (83,5%), siendo las más recurrentes los interrogatorios ilegales (80,6%), la privación del sueño (49,4%), el impedimento de la visión (39,8%), la contención de necesidades fisiológicas y las facilidades para el aseo (27,1%), la privación de comida (25,8%) o la privación de agua (22%).

«Las amenazas son otra técnica recogida en el informe del IVAC en un 74,1%, que también menciona que en el 12,6% de los casos hubo simulacros de ejecución».

Las amenazas son otra técnica recogida en el informe en el 74,1% de los casos, incluyendo amenazas generalizadas (74,1%) e incluso simulacros de ejecución (12,6%). El 77,4% de las denuncias registradas refieren distintas formas de humillaciones y un 61,3% aluden a «técnicas psicológicas específicas», entre las que se incluyen «formas de confusión con comportamiento contradictorio de los agentes (benevolente o pretendidamente protector/agresivo)» con un 43,8%, la obligación de ratificar confesiones falsas (33,3%), información falsa (25,9%), oferta de beneficios por colaborar con los cuerpos policiales (22,9%) o inducir sentimientos de culpabilidad (28,2%).

En el 58,8% de las denuncias se aludió a formas de maltrato consistentes en mantenerse en posiciones forzadas o extenuantes.

Asimismo, en el 41,9% de los casos recogidos se mencionó el empleo de técnicas de asfixia, siendo la más habitual la llamada «asfixia seca», conocida popularmente como «la bolsa», con un 41%, mientras que la «asfixia húmeda», popularmente conocida como «la bañera», menciona en el 5,8%.

El 48,3% de los casos recogidos mencionaron distintas formas de malos tratos y torturas basadas en las condiciones de detención, entre las que destacan el sometimiento a ruidos constantes (35,5%) o la higiene deficiente del espacio (24,2%). 

Con cifras similares, se registró el padecimiento de ser testigo de la tortura de terceras personas (48,5%), siendo notablemente mayor el número de las denuncias que relatan haber escuchado gritos o lamentos de otras personas detenidas (48,1%) que aquellas que afirman haber sido obligadas a presenciar la tortura de otras personas detenidas (0,4%).

La violencia sexual fue descrita en un 44,2% de los casos denunciados, incluyendo introducción de objetos por vagina y ano

 

La violencia sexual fue descrita en un 44,2% de los casos denunciados. Además de la desnudez forzada durante el periodo de detención (19,2%), también predominaron las humillaciones sexuales de carácter verbal (21,1%), los golpes en los genitales (25,8%) y tocamientos (8,1%). De forma minoritaria se produjeron torturas con introducción de objetos por la vagina (0,6%) y el ano (1,1%).

En un porcentaje menor de casos, se describen técnicas relativas al uso de electricidad o descargas eléctricas (6%), así como a quemaduras (0,9%) y drogas (1,5%). No se han detectado casos referidos a torturas relacionadas con técnicas de aplastamiento o por lesiones penetrantes.

Tribunal de Estrasburgo

El informe del IVAC recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado al Estado español en nueve ocasiones por casos relacionados con la tortura.

De esas nueve resoluciones, cinco corresponden a casos navarros, afectando a un total de seis personas. Se trata de Oihan Ataun, Jon Patxi Arratibel, Xabier Beortegi, Igor Portu, Mattin Sarasola e Iñigo González.

Trece casos analizados con el Protocolo de Estambul

El informe del IVAC sobre la tortura en Nafarroa ha analizado más profundamente trece casos empleando el Protocolo de Estambul, tomado como estándar internacional de referencia por Naciones Unidas para investigar estas denuncias. Fueron seleccionados de manera aleatoria del censo del IVAC y participaron en un estudio realizado por un conjunto de más de ocho profesionales de la salud.

El análisis de estos trece casos con el Protocolo de Estambul permite avanzar en la investigación de las consecuencias médicas y psicosociales de la tortura y llevar a cabo un análisis de los métodos empleados, buscando la existencia o no de patrones estadísticos.

Consistencia

La aplicación del Protocolo de Estambul muestra que el relato de los trece casos analizados es consistente en lo que se refiere al relato de la tortura que se denuncia haber sufrido.

Junto a ello, en doce casos se han detectado «reacciones psicológicas esperables o típicas de un estrés extremo».

En todos los casos, en los trece, se ha percibido una congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que estos son expresados» y en todos ellos existen «secuelas a medio/largo término congruentes con los hechos alegados» y en doce hay «congruencia entre la comunicación verbal y no verbal en el relato de los hechos».

«La credibilidad de cinco de las trece personas a las que se aplicó el Protocolo de Estambul fue muy consistente y en las ocho restantes, consistente».

«La credibilidad global de las evaluaciones tras combinar los factores psicológicos y médicos fue de cinco personas muy consistente, ocho personas consistente y no se encontró ningún relato calificado como de máxima consistencia o de inconsistente», señala el informe.

Junto a ello, subraya que «el trastorno psiquiátrico más frecuentemente diagnosticado fue el estrés postraumático, seguido de la depresión en diferentes grados. Dos de las personas entrevistadas tienen en el momento actual síntomas moderados de tristeza o depresión y una más, síntomas leves».

Entre las conclusiones que cita el informe se destaca que «entre las medidas de reparación no se debería descuidar la atención psicosocial, así como el conjunto de medidas de rehabilitación y apoyo individual, familiar o comunitario. Será necesario un abordaje amplio, integral y profundo».

«Se considera que las trece personas han hecho un relato cierto y sustancialmente veraz de lo que constituyó su experiencia de tortura durante la detención», subraya el informe.