«Lawfare» es un concepto muy moderno y planetario para una práctica algo antigua ya en Euskal Herria. En este momento en que se cumplen un cuarto de siglo del inicio del «todo es ETA» o una década de ilegalización de la izquierda abertzale, resulta curioso ver cómo algunas prácticas se extienden por otros lugares del mundo, especialmente América Latina, contra gobernantes elegidos democráticamente. De ello han hablado este jueves tarde en Donostia, en una mesa redonda organizada por la Fundación Iratzar, dos académicos con mucho bagaje como Javier Pérez Royo y Silvina Romano y alguien que ha padecido esa «guerra judicial» en carne propia: Arnaldo Otegi. Teoría y práctica.

Primero, el concepto. La argentina Silvina Romano es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y Caribe y experta en «lawfare». Pero, ¿qué es eso? «En América Latina lo llevamos viviendo unos diez años con altos costos para la política. Es una guerra, pero no una guerra cualquiera, sino contra determinados líderes y sectores políticos, buscando una fachada legal para expulsarles de la política legal», ha resumido.

Lo ha relacionado con el «golpismo permanente» de Estados Unidos en la región. «Es una de las herramientas que se utiliza actualmente, sobre todo para la desestabilización. Y es un poder blando, que no recurre a las fuerzas armadas o del orden». Ha añadido que además «tiene todas las características de una guerra sicológica, porque busca desacreditar y desmoralizar a esos líderes y sectores».

Romano: «El ‘lawfare’ es una guerra, pero no una guerra cualquiera. No recurre a las fuerzas armadas. Y busca también desmoralizar»

Su consecuencia es que el aparato judicial, «que no es elegido por el voto popular», acaba guiando el devenir político: «Es lo que ocurrió en Brasil, Lula no se pudo presentar porque estaba preso aunque era el vencedor en las encuestas, y ganó Bolsonaro». Y ha desgranado posteriormente, sin ocultar su indignación, el caso del expresidente Rafael Correa, que no puede regresar a Ecuador.

Pero el Poder Judicial no lo hace solo, ha apuntado Romano. También ve fundamental el papel de los medios de comunicación, con una labor paralela de «desacreditar»: «¿Cómo ‘The Economist’ pudo poner en portada «Go home» sobre Dilma Rousseff?», ha citado a modo de mero ejemplo.

«Algunos dicen que el ‘lawfare’ puede ser contra la izquierda y la derecha, pero no es así. Se han podido abrir procesos contra líderes de derecha en ocasiones, pero no es algo sistemático como ocurre contra Cristina Fernández o ahora contra Pedro Castillo, que acumuló 60 denuncias en poco tiempo», ha apuntado esta experta.

A este lado del Atlántico, el diagnóstico del catedrático sevillano Javier Pérez Royo, experto en Derecho Constitucional y bien conocido en Euskal Herria: «Lawfare es la manifestación última de la ley del más fuerte», ha comenzado subrayando. Se produce cuando el ámbito jurídico, que precisamente tiene que ser un elemento de control, acaba convertido precisamente en otro elemento al servicio de «la ley del más fuerte».

Es lo que ocurrió, ha detallado, con el pisoteo a la reforma del Estatut catalán de 2006 por parte del Tribunal Constitucional español en 2010. Ha recordado que su aprobación había sido escrupulosamente correcta, «impecable», y desembocó en una aprobación ciudadana cercana al 75%. Sin embargo, llegó el TC y «quebró la fórmula de integración de las comunidades en el Estado. Fue un golpe de Estado. Y surtió el efecto de un golpe de Estado: El PP impuso a Catalunya un Estatuto diferente al que había sido aprobado, y desde entonces estamos en Catalunya como estamos».

Pérez Royo: «El Poder Judicial ahora mismo es el ariete de las derechas españolas»

Ha añadido que la ofensiva sigue a nivel estatal, porque advierte claras maniobras del Poder Judicial estatal contra el Gobierno actual. En concreto, en este momento percibe un afán de tratar de forzar un adelanto electoral, pero cree que tampoco cabe olvidar que ya en la sesión de investidura un diputado de Teruel tuvo que ser escoltado ante las presiones para cambiar su voto o el posterior bloqueo judicial sostenido, que hace el Consejo General del Poder Judicial lleve once años de retraso inconstitucional en su renovación. «El Poder Judicial ahora mismo es el ariete de las derechas españolas», ha sentenciado.

Y desde este lado del Atlántico, al Cantábrico; de la filosofía general, al caso concreto; de los catedráticos, a Arnaldo Otegi. El coordinador general de EH Bildu ha preferido empezar, no obstante, con una lectura general, que ha situado la clave del «lawfare» vasco en la falta de «ruptura con el franquismo y sus aparatos» porque «ahí está el origen de muchos de nuestros males. Hay además un factor de clase, porque la Judicatura española es muy clasista, es una casta. Venimos de donde venimos y esto se deja notar. La escasa cultura democrática en esos aparatos es muy evidente».

Esta raíz franquista ha sido confirmada por Pérez Royo: «Hay un poder judicial que incluso se negó al principio a admitir que la Constitución era una norma jurídica y hasta 1982 seguía diciendo que era como las leyes fundamentales de Franco», ha evocado.

Otegi: «El ‘lawfare’ algunos lo hemos vivido con cárcel, pero en el fondo de lo que se trata es de evitar transformaciones políticas y sociales en marcha»

Otegi ha subrayado en su intervención que frente a ese búnker español ha habido siempre «un pueblo disidente», lo que ha generado un choque que persiste. Existían opciones de soluciones negociadas para esa colisión, pero al renunciarse a ellas es cuando se refuerza el intento de aplastamiento judicial. Y ahí el líder de EH Bildu ha enumerado un catálogo de situaciones bien conocidas: «Directores de periódicos cerrados que han sido torturados, eliminación física de disidentes, una lista de 45.000 personas que no se podían presentar a las elecciones, un permanente cambio de las leyes ‘ad hoc’… Este es el ‘lawfare’ que hemos vivido. Algunos de nosotros lo hemos padecido con penas de cárcel, pero en el fondo de lo que se trata es de evitar las transformaciones políticas y sociales que están en marcha».

¿Está superada esta situación? «Yo creo que no, es de plena actualidad», ha apuntado Arnaldo Otegi, en la línea de Pérez Royo y Romano. Percibe una trayectoria insistente de «colonización de los aparatos del Estado por parte de la derecha y la extrema derecha» ante el que el PSOE es demasiado timorato y «no entiende que esto es una guerra». El último ejemplo, el intento de los tribunales españoles de vetar la votación sobre la reforma penal en las Cortes. El suyo propio más destacado –y también el de Arkaitz Rodríguez o Rafa Díez Usabiaga, que estaban entre el público–, las detenciones de 2009 intentando a la desesperada impedir el cambio de ciclo político impulsado por la izquierda abertzale.

«La española es una transición de formas, no de contenidos. Se sostiene sobre la impunidad, sobre no tocar los aparatos del Estado, y sobre garantizar la unidad territorial y la propiedad privada. Y en ese esquema, la Judicatura española se ha arrogado en Catalunya un papel de garante de esas esencias. No es un elemento del pasado, sino que va a seguir jugando un papel en el futuro», ha considerado Otegi.

«Felizmente, en América Latina se está mostrando que esa estrategia da de sí lo que da de sí», ha apuntado el coordinador general de EH Bildu. Y también en Euskal Herria; siguiendo con su caso, ha traído a colación que aquella tarde de la redada del ‘caso Bateragune’ entendieron de un plumazo que su apuesta de giro estratégico era la correcta. Por eso se perseguía con tal saña.