Un preso falleció ayer en la cárcel de Zaballa. Se llamaba Malek, tenía 22 años y, según indicaron sus allegados a NAIZ, había pasado los últimos días en aislamiento.

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Lakua informó de lo ocurrido a mediodía, incidiendo en que «esta es la peor noticia que se puede dar desde un centro penitenciario». 

En un comunicado, explicó que el cuerpo sin vida del joven fue hallado en su celda a las 8.00 horas. Los carceleros comprobaron que no tenía signos vitales, por lo que alertaron al personal del Servicio Médico. Pese a acudir con el instrumental de reanimación, los sanitarios solo pudieron confirmar el deceso.

Los responsables de la prisión alavesa, «siguiendo el protocolo», dieron cuenta de lo ocurrido a los allegados de Malek y al Juzgado de Guardia, que envió una comitiva judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

El Ejecutivo autonómico no detalló los motivos que propiciaron este «hecho luctuoso», aunque sí anunció que la Dirección de Justicia incoará un expediente informativo «a fin de determinar y analizar los hechos».

«Ofrecemos esta información como muestra de transparencia, pero entenderán que no aportemos ningún dato más por respeto a la persona fallecida y porque carecemos todavía de datos objetivos sobre las circunstancias que han rodeado el deceso», apuntaron fuentes del departamento.

Lo poco que se sabe es que el joven, fue encarcelado en Zaballa en 2020 y, según Lakua, «afrontaba una larga condena en prisión por un delito grave».

El portavoz del Gobierno autonómico, Bingen Zupiria, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no se habían detectado indicios que motivaran la activación del protocolo de prevención de suicidios.

Dos muertes en la CAV

Con esta son dos las muertes registradas en las prisiones de la CAV desde que el Gobierno de Gasteiz asumiera su gestión, el 1 de octubre de 2021. La anterior tuvo lugar el pasado mes de junio en Basauri, donde falleció un preso preventivo.

Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido en aquel entonces por Beatriz Artolazabal, se apuntó a un suicidio.

Sin embargo, tal como publicó NAIZ, el cadáver no presentaba signos de violencia. Había pasado el test de riesgo de suicidio realizado por el equipo médico, y había cenado con normalidad media hora antes de acabar con su vida.

Otra muerte en Dueñas

A estos dos decesos se debe sumar la muerte el 4 de febrero de una persona de 43 años residente en Bizkaia y presa en Dueñas, en Palencia. Salhaketa alertó de lo ocurrido, aseverando que en los días previos a su fallecimiento había pedido atención sanitaria «ya que tenía un dolor en el pecho».

El pasado 4 de febrero falleció un vecino de Bizkaia en la prisión de Dueñas, en Palencia. Salhaketa alertó de lo ocurrido

La asociación denunció que la familia tuvo conocimiento de su muerte a través de otro prisionero. «Después de llamar a todos los hospitales de la ciudad, consiguió hablar con el director del centro penitenciario, el cual les comunica que lo encontraron acostado en su celda en el recuento de la tarde», censuró.

Salhaketa insistió en que «la asistencia médica en prisión es insuficiente, superficial y de difícil acceso»; y advirtió del «efecto dañino en la salud que se impregna en los cuerpos en prisión».

«El aislamiento, las dinámicas relacionales, la mala alimentación, las relaciones de subordinación con el entorno... estructuralmente, las cárceles son estructuras que generan efectos devastadores en la salud mental y física de quienes las habitan», afirmó.

Y pidió Ministerio Fiscal que «no se inhiba e investigue de oficio estas muertes, tal y como corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas. Que las muertes en prisión no queden impunes».

También exigió que las direcciones de las prisiones informen «con imparcialidad» a las familias; y se adopten las medidas oportunas para «garantizar que los familiares de personas presas puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga represalia de ningún tipo para el familiar preso».

«Que se faciliten a las familias información y apoyo ante los tribunales para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del funcionamiento de la administración de justicia y así poder reclamar las indemnizaciones pertinentes a los familiares por dichas muertes; y apoyo psico-social como víctimas de una negligencia en la custodia de una persona presa por parte de la administración penitenciaria», reclamó.

En 2020 fallecieron seis personas presas en la cárcel alavesa, y en 2019 se registraron cinco decesos. Once muertes bajo custodia

Presos enfermos

Asimismo, pidió «la inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio». 

«Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones les genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental», aseguró antes de solicitar la reforma de la legislación penal y penitenciaria que «alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional».

A juicio de Salhaketa, estas «son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad que contribuyen a disminuir la presión y maltrato psicológico que sufren las personas presas».

«No más muertes en prisión, no más malos tratos psicológicos y físicos, no más negligencias médicas, no más aislamiento, no más silencio tras los muros de prisión», destacó la asociación, que mandó un abrazo a la familia del preso fallecido en Palencia. Respondía a las iniciales A.E.J.: «Que tu muerte en prisión sea la última y que la justicia repare tu abandono». Por desgracia no ha sido así.