La brecha digital impide a los pensionistas registrar sus demandas a Urkullu y Emakunde

En la tercera jornada de encierro y ayuno por la pensión mínima de 1.080 euros, pensionistas han tratado de registrar en la delegación del Gobierno autonómico y en Emakunde en Bilbo sendos escritos con sus reivindicaciones. No lo han conseguido al no poderlos formalizar telemáticamente.

Los y las pensionistas han vuelto a manifestarse esta miércoles por la Gran Vía.
Los y las pensionistas han vuelto a manifestarse esta miércoles por la Gran Vía. (NAIZ)

La brecha digital que sufren muchas personas mayores en su relación con la Administración ha jugado este miércoles una mala pasada al Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria al ir a registrar sendos escritos dirigidos al lehendakari, Iñigo Urkullu; a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; y a Emakunde, para que se complementen las pensiones de 216.880 personas que cobran menos de 1.000 euros mensuales.

No han tenido esa posibilidad al no ser una entidad inscrita en el registro de asociaciones y tenerlo que hacer telemáticamente. Los representantes de los concentrados ante la delegación del Ejecutivo de Lakua en Bilbo se han limitado a entregar las cartas, sin saber si finalmente llegarán a manos de sus destinatarios.

En las misivas dirigidas a Urkullu y Mendia, se recuerda que en la aprobación en noviembre de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Exclusión Social, así como en la de los Presupuestos para 2023, se perdió una ocasión para complementar hasta los 1.080 euros la pensión mínima. El movimiento ya rechazó ambas leyes.

En el caso de la primera ley refrendada en la Cámara de Gasteiz, apuntan a que «para una persona pensionista sola, la prestación será de 1.013,5 euros (doce pagas) o 868,28 euros (catorce pagas) en función de los ingresos de la unidad convivencial y demás requisitos de la RGI, lo cual queda muy lejos de nuestras demandas y la situación de emergencia social actual».

«No atender nuestra demanda nos indica que no hay voluntad real para cambiar unas políticas públicas que posibilitan que unas pocas personas sean cada vez mas ricas a costa de salarios, pensiones y servicios públicos. Una y otra ley son continuistas de esas políticas y hacen dejación de lo fundamental, garantizar a las personas unas condiciones de vida dignas», exponen en los escritos.

De nuevo, las reivindicaciones del movimiento de pensionistas han vuelto a estar en la calle mientras en un local de la calle Fernández del Campo continúa el encierro y ayuno de 30 personas. Esta tarde, en ese lugar, habrá una mesa redonda en la que se abordará cómo acabar con la brecha de género que soportan las mujeres pensionistas. El jueves visitarán las sedes de los partidos para hacerles llegar su propuesta.

Carta de los Derechos Sociales

Desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han mostrado su apoyo a la iniciativa de los pensionistas y han llamado a participar especialmente a la manifestación convocada para el sábado 18 de marzo, a las 12.00, en Bilbo. Consideran que las medidas que están adoptando los gobiernos ante el empobrecimiento de la mayoría social son «limitadas y cortoplacistas, insuficientes para afrontar los procesos de empobrecimiento estructurales que se están profundizando». Ambas iniciativas ya convocaron en noviembre una movilización bajo el lema 'Soldata, pentsio eta zerbitzu publiko duinak! Ante el empobrecimiento, ¡reparto de la riqueza!'.

En cuanto a la reforma propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, defienden que aunque se propone alguna mejora, es totalmente «insuficiente» de cara a garantizar unas pensiones dignas. «No se revierten los efectos negativos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 – como retrasar la edad de jubilación -, propone alargar aún más el periodo de cómputo para las pensiones, de 25 a 29 años, con los recortes consiguientes, la reforma no servirá para dar solución a la brecha de género del 28% en las pensiones y las subidas planteadas para las pensiones mínimas son absolutamente escasas«, sostienen en un comunicado.

Desde la Carta aseguran que «para garantizar unas condiciones de vida dignas para todas las personas salarios, pensiones y servicios públicos dignos son imprescindibles: salario mínimo de 1.400 euros, pensión mínima de 1.080 euros ahora e incrementarla hasta 1.260 euros, medidas eficaces para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, políticas concretas para reconocer y redistribuir los trabajos de cuidados, garantizar prestaciones sociales suficientes y reforzar y ampliar los servicios públicos».