Lakua comunicará este jueves los despidos de Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, condenados por delitos de corrupción junto a otras personas vinculadas al PNV en el ‘caso De Miguel’, entre las que figuran el exburukide Aitor Telleria y el exdirector de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura de Lakua Xabier Sánchez Robles.

Sobre el exdiputado de Administración Local de Araba, que ostenta un puesto de responsabilidad en la fundación Hazi, pesa una pena de 12 años y 4 meses de prisión; mientras que el segundo, empleado del Parque Tecnológico de Araba, deberá cumplir 7 años y seis meses, tal como acredita el auto de ejecución de la sentencia.

«Una vez registrado ese auto los despidos son un hecho», ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación presentes en el Parlamento de Gasteiz la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que ha incidido en que a De Miguel y Ochandiano no les corresponde «ninguna» indemnización debido a las «circunstancias».

Asimismo, ha señalado que el hecho de que Ochandiano se encuentre de baja no es un impedimento para poder dar por finalizada su relación contractual. «Se puede realizar», ha apuntado la consejera, quien ha destacado que con la resolución de la Audiencia Provincial de Araba «termina un procedimiento de más de doce años».

«Ha sido un proceso excesivamente largo a nuestro juicio, pero terminado en este momento, las personas que han sido condenadas tienen un auto de ejecución; y a partir de ahí, lo más importante es cerrar definitivamente este caso de la mejor manera posible y finalizar con la situación que hemos vivido de interinidad y de no poder ejecutar esta sentencia», ha aseverado.

Y ha manifestado que, «finalizado el proceso, nos toca mirar hacia adelante y trabajar para que en ningún caso se puedan producir situaciones como esta».

La posición y el papel del PNV

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha insistido este jueves en que «ha quedado claro que el partido ni las estructuras del partido ni la forma de actuar nuestra ha tenido nada que ver, pero ha sido muy doloroso que personas de nuestra organización, a título particular, hayan tenido los comportamientos que describen la sentencia».

Lo cierto es que en la nota informativa anexa al fallo del pasado 10 de enero, el Supremo señala que «los tres acusados –De Miguel, Ochandiano y Aitor Telleria–, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión».

Cabe recordar que, durante el juicio, el fiscal Josu Izaguirre dijo que los ya condenados constituyeron una «trama criminal» dedicada a lucrarse mediante la obtención indebida de fondos públicos y que entre «casi todos» los acusados existía un nexo común, su relación con el PNV. «Estamos ante prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», afirmó.

Diez días para entrar en prisión

La Audiencia de Araba ha establecido un plazo de diez días a De Miguel, Ochandiano, Telleria y Sánchez Robles para entrar en prisión, si bien algunos abogados defensores ya han anunciado que presentarán alegaciones para tratar de impedir su encarcelamiento.

A este respecto, fuentes jurídicas han explicado a Efe que algunos letrados podrían solicitar una suspensión excepcional de la pena por enfermedad del condenado o incluso un indulto.