El expresidente kosovar Hashim Thaçi comparece este lunes ante el Tribunal Especial para Kosovo de La Haya en el comienzo de su juicio por crímenes de guerra y contra la Humanidad al participar, según el pliego de cargos, en una campaña de persecución, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas tanto de serbokosovares y otras comunidades como de la oposición a la milicia albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), donde ejerció como líder político durante el conflicto abierto entre 1998 y 1999.

Junto a Thaçi, líder político del UÇK, están imputados otros tres antiguos responsables de este grupo guerrillero: el exlíder de Partido Democrático de Kosovo Kadri Veseli; el jefe del grupo parlamentario del partido opositor kosovar Vetevendosje, Rexhep Selimi; y el presidente del consejo nacional del partido Iniciativa Socialdemócrata, Jakup Krasniqi.

Concretamente, la corte a imputa a Thaçi –dimitido de su cargo en 2020, tras conocer la declaración de los cargos– y a los tres antiguos responsables del UÇK su participación en una «empresa criminal conjunta» que, desde marzo de 1998 hasta septiembre de 1999, se centró en «ganar y ejercer el control de todo Kosovo» con medidas que incluyen el «maltrato intimidatorio ilegal», la violencia y la «eliminación» de aquellas personas que «parecieran ser oponentes».

Según el escrito, el UÇK incluía en este grupo de «oponentes» a las personas que «colaboraban o estaban relacionadas» con las fuerzas o autoridades de Serbia o a aquellas «que no apoyaban los objetivos o las metas» del grupo guerrillero y, posteriormente, del «Gobierno provisional de Kosovo», incluidas las personas «relacionadas» con el partido Liga Democrática de Kosovo (LDK), la comunidad serbia, los gitanos y otros grupos étnicos. Todos los acusados han declarado su inocencia.

El juicio supone un reencuentro de Kosovo con su pasado. Grupos de veteranos de guerra y nacionalistas han anunciado la convocatoria de protestas a lo largo del proceso en medio de las súplicas de los supervivientes para que el juicio pueda arrojar luz sobre el destino de las más de 1.600 personas desaparecidas tras la guerra, según datos de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).