El Parlamento de Gasteiz ha admitido a trámite una proposición de ley de EH Bildu sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial, cuyo eje central es que aquellas empresas que hayan obtenido ayudas y subvenciones de la Administración autonómica, estén obligadas a devolverlas en caso de marcharse de Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.

El inicio de la tramitación de la proposición de ley ha contado con el informe favorable del Gobierno de Lakua, que propone a su vez a la Cámara que la tramitación parlamentaria de dicho proyecto de ley pueda armonizarse e, incluso, tramitarse conjuntamente con el proyecto de ley regulador del régimen de subvenciones que el Ejecutivo de Urkullu aprobó el pasado martes. Por ello, PNV y PSE han votado esta vez a favor. Y también lo ha hecho Elkarrekin Podemos-IU. En contra se han declarado Vox y PP+Cs.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha llamado la atención sobre el hecho de que la misma proposición de ley presentada en 2019 tuvo un informe gubernamental desfavorable y fue rechazada. Y José Manuel Gil, de PP+Cs, ha recordado que lo hizo con párrafos que ha vuelto a reproducir en su pronunciamiento actual.

Casanova se ha felicitado de la evolución que se ha producido en el terreno económico y político de forma que algunos dogmas neoliberales están cayendo. De hecho, ha recordado que en la Unión Europea se están produciendo movimientos en este sentido y ha abundado en que el pasado 30 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó una enmienda transaccional acordada por EH Bildu con PSOE y Unidas Podemos para que la próxima Ley de Industria establezca las condiciones para recuperar las ayudas públicas en caso de deslocalización. 

Objeto de la ley

El parlamentario de la izquierda independentista ha reconocido que su propuesta de ley, que se podrá mejorar durante la tramitación parlamentaria, no va a resolver todos los problemas de la industria vasca, pero puede ser un instrumento de mejora, al menos en uno de los problemas existentes, como es la marcha de empresas que han recibido sustanciosas ayudas públicas.

El objeto de la misma es «determinar las obligaciones y limitaciones de las empresas que perciben ayudas» de la Administración autonómico «ante eventuales procesos de deslocalización». Se pretende garantizar que las subvenciones que reciben las empresas desde el sector público autonómico, sean «para realizar una aportación económica y social al desarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca».

La ley define que se entenderá que hay una deslocalización de la empresa cuando se produzca el cese o una reducción significativa de la actividad en la CAV y que «simultanamente o en el plazo de los tres años anteriores o posteriores» desarrolle fuera de Araba, Bizkaia o Gipuzkoa la misma actividad que desarrollaba en esos territorios.

Posición de los grupos

David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, ha explicado su voto a favor de la tramitación de la proposición de ley de EH Bildu en el acuerdo ideológico de su coalición con la misma.

La parlamentaria del PSE Sonia Pérez ha englobado su apoyo a esta propuesta en el afianzamiento de la normativa ya existente en el ámbito de la UE y del Estado español.

Mientras que su socio de gobierno, a través de Mikel Arruabarrena, ha justificado su voto favorable en el interés de «mandar un mensaje» a la sociedad de que «el PNV sigue trabajando en la defensa del arraigo de las empresas». Ha recordado que ya hay normas forales en ese sentido. Ha apuntado que su grupo podía haber referenciado este debate a la tramitación de la Ley de Subvenciones, pero ha insistido en que no quieren liar a la ciudadanía y ser claros.

José Manuel Gil, único parlamentario de Ciudadanos, ha enmarcado el voto en contra del grupo PP+Cs en el antagonismo ideológico con las medidas que propone. Mientras que, como cabía esperar, la ultraderecha ha hablado de ETA y de comunismo.