La devolución a prisión, solo tres días después de recibir el tercer grado, de Joseba Arregi Erostarbe a sus 77 años es un claro exponente de las dificultades que atraviesa la vía legal, en la nueva fase abierta tras el fin del alejamiento. Y es uno de los elementos que ha hecho que Sare eleve el tono de la denuncia este sábado al mediodía, en una comparecencia ante el Buen Pastor de Donostia con el apoyo de cientos de personas que han acudido a la cita.

En un lugar que acogió la huelga de hambre rotatoria por los derechos de los presos hace un par de décadas, Joseba Azkarraga y Begoña Atxa han recordado que «la superación de esta política de alejamiento no ha traído consigo el fin de la vulneración de los derechos de los presos y presas vascos. Estamos viendo que la política penitenciaria se está enfrentando a nuevos problemas suscitados por la Fiscalía y los tribunales de justicia, convertidos en un poder político en sí mismo. Una parte de ellos está poniendo en cuestión de forma sistemática la política penitenciaria seguida por las autoridades competentes en la CAV, corrigiendo las decisiones que se adoptan por las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, en demérito de los presos y presas vascos, al oponerse a las decisiones relativas a las progresiones de grado y permisos penitenciarios».

Han aportado datos. En los 18 meses de ejercicio de la competencia, Lakua ha aprobado 42 progresiones a tercer grado a estos presos y presas (incluyendo las más recientes), pero 28 de ellas han sido recurridas y 12 han sido devueltos a prisión cuando en varios casos «llevaban meses haciendo vida ordinaria, integradas en el mercado laboral y con su propia vida social y familiar».

En el caso de Arregi, este ha sido el segundo reingreso en la cárcel, cuando lleva ya, han recordado, «más de 30 años de prisión cumplida». Pero han añadido además que el resto suelen ser personas que «llevan una media de 20 años ya privadas de libertad».

«Tribunales de excepción no pueden boicotear»

Han respondido a estos obstáculos con una declaración rotunda: «Los queremos en casa. Etxera. Bai, etxera. Porque es esta una reivindicación, amparada por la legislación penitenciaria, que en ningún caso dice que tengan que cumplir condenas dentro de los muros de la prisión hasta el último día, sin acceso a modalidades de cumplimiento en régimen abierto, con mayor contacto con la sociedad a la que pertenecen. Es una exigencia democrática que no puede ser boicoteada constantemente por tribunales de excepción, como entendemos que lo es la propia Audiencia Nacional».

«En ningún caso dice que la ley que tengan que cumplir condenas dentro de los muros hasta el último día, sin acceso a régimen abierto y con mayor contacto con la sociedad»

La difusión de este lema de ‘Etxera’ como leit-motiv de la nueva etapa, en vísperas de la manifestación del 8 de enero en Bilbo, suscitó algunas criticas. Azkarraga y Atxa han vuelto a reiterar que «desde la red ciudadana Sare en ningún momento hemos solicitado privilegio alguno para estos presos y presas». Y han denunciado la desatención a la realidad de quienes «interesadamente confunden esta exigencia con la impunidad».

«Denunciamos por tanto a quienes han convertido sus togas en herramienta de venganza, aun a sabiendas de que sus decisiones son contrarias a la propia legislación que dicen y deben defender», añade Sare. Y no olvida «contrasta esta actitud con la impunidad que gozaron quienes, desde el Estado o sus aledaños, perpetraron asesinatos, torturas y abusos de poder que nunca se investigaron y, cuando se hizo y hubo condena, la misma fue irrisoria y rápidamente liquidada de forma silenciosa».

Tres leyes de excepción

«Han pasado más de 12 años desde que ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad armada y más de cuatro desde que decidió su autodisolución. Tiempo más que suficiente para que las actitudes y legislaciones se pongan al servicio de la paz, la convivencia y la resolución», han traído a colación los comparecientes en el Buen Pastor.

Contra «estas decisiones que nos retrotraen a etapas muy lejanas», reivindican el fin de las actitudes y legislaciones de excepción. Han citado expresamente las leyes 5/2003, 7/2003 y 7/2014, que establecen respectivamente la centralización de la Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, la extensión del cumplimiento de cárcel hasta los 40 años y la negativa a descontar condena cumplidas en otros casos. Y han añadido de la demanda de «habilitación del cauce de regreso a casa de quienes llevan muchos años, más allá de lo legalmente exigible, sin poder obtener su libertad».

El último apunte ha sido para remarcar que «esta reivindicación es absolutamente compatible con la necesaria solidaridad y respeto que deben sentir todas las víctimas de todas las violencias ejercidas en nuestro país. A todas ellas les debemos respeto y no la utilización partidista que de su dolor se está haciendo, como arma arrojadiza contra el contrario. Sare continuará trabajando por un relato inclusivo de la vulneración de derechos que se han producido en nuestro país. Un relato donde todas las vulneraciones de derechos sean tenidas en cuenta. No puede haber víctimas de primer o segundo nivel. El dolor de todas ellas, debe ser reconocido y reparado. Es esta la única forma de construir una sociedad en convivencia».

Lo han rematado con el «compromiso de trabajar por la paz, la convivencia y la resolución», para lo que tratarán de «profundizar en los consensos en el ámbito político, sindical y social. Creemos con ello compartir las ansias de nuestro pueblo de poner fin a una situación que, por injusta, a todos y todas nos duele».