A pocas horas de que concluya la campaña electoral de cara a los comicios de este domingo, distintos partidos políticos, desde el PSOE hasta el PP y pasando por Coalición por Melilla, se han visto salpicados por presuntas tramas de compra de votos. Esta práctica puede ser castigada hasta con tres años de prisión.

El primero de los casos conocidos se destapó en Melilla. Se trata de una trama en la que estaba presuntamente implicado el número 3 de las listas de Coalición por Melilla a las elecciones del 28 de mayo, Mohamed Ahmed Al-lal, pero a medida que han ido pasando las horas se han conocido más casos sobre posible fraude electoral, desde Mojácar (Almería) hasta Albudeite (Murcia), con varios candidatos del PSOE investigados. A estos casos se han sumado denuncias en La Gomera, Zamora o Cáceres.

Melilla, nueve detenidos

El pasado martes, la Policía española detenía en Melilla al número 3 de las listas de Coalición por Melilla (CPM) a las elecciones del 28 de mayo, Mohamed Ahmed Al-lal, en el marco de la investigación judicial por una presunta compra de votos por correo en la ciudad autónoma. Además de Al-lal, también figuraban entre los nueve detenidos el yerno del líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán.

Este jueves, un día después de la operación por delito electoral y pertenencia a organización criminal, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, cesó a Al-lal de cargo como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana.

Además de las detenciones y posterior puesta en libertad para ser citados próximamente por la juez que lleva el caso, efectivos de la Policía realizaron registros en una decena de locales, entre viviendas y oficinas, entre ellos el inmueble que usa CPM como centro de datos y gabinete de prensa y comunicación. Se investiga si existe una trama que haya podido pretendido usar el voto por correo para comprar el sufragio con cantidades que oscila entre los 50 y los 200 euros por voto.

El espectacular incremento en el número de votos por correo llevó el pasado día 18 de mayo a la Junta Electoral a exigir que la entrega en la Oficina de Correos sea individualizada, personal y presentando el DNI, pasaporte o carné conducir, prohibiendo de este modo que una única persona pudiera llevar sacas de votos por correo de otros electores como se podía hacer hasta ese momento.

En el caso de Melilla, Correos ha informado este viernes de que ha dado por validos 5.814 votos por correo, casi la mitad de las solicitudes tramitadas en la ciudad autónoma para las elecciones de este domingo.

Votos a 100 euros en Mojácar

En Mojácar, por su parte, siete personas fueron arrestadas acusadas de formar parte de una trama que supuestamente intentaba comprar votos por correo ofreciendo entre 100 y 250 euros por cada papeleta a favor del PSOE, fundamentalmente a personas extranjeras con escasos recursos. Entre los arrestados figuran dos candidatos de la lista del PSOE a las elecciones, en concreto, los 'número 2' y 'número 5', según fuentes políticas y de la investigación.

La presunta trama trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación. Según estas fuentes, los implicados en la trama estarían ofertando cifras que rondan los cien euros dirigidas a personas de bajo poder adquisitivo, entre ellos principalmente ciudadanos de origen latinoamericano. También hay indicios que apuntan a otros compromisos a cambio del voto, como facilitarles un empleo tras las elecciones municipales.

La operación desarrollada este miércoles bajo la dirección del juzgado de instrucción 4 de Vera se inició a raíz de la denuncia de un vecino que relató que había recibido ofertas para comprar su voto en las elecciones del próximo domingo 28 de mayo.

En Albudeite, compra de votos y tráfico de drogas

En Albudeite, también con el PSOE implicado, la operación por presunta compra de votos ha derivado en unas escuchas por tráfico de drogas. La Guardia Civil detenía este jueves a trece personas e investiga a otras dos por una supuesta compra de votos en la localidad murciana, entre ellas la candidata socialista a la alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalver, y dos familiares suyos.

Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que el marido y uno de los hijos de la candidata a alcaldesa  Lorena Navarro, integrante de la lista municipal del PSOE, eran los encargados de contactar con los vecinos para pedirles el voto, en tanto que el dirigente regional del PSOE también arrestado estaría al corriente del presunto fraude y no lo denunció.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mula ha dictado un auto por el que levanta el secreto de sumario de la investigación relacionada con la presunta compra de votos.

Hasta el momento de dictar esta resolución, según fuentes del TSJ, el procedimiento se dirigía contra 7 personas, tres de ellas también investigadas en las diligencias anteriores por delito contra la salud pública, ya que la operación saltó a raíz de unas escuchas telefónicas de otra investigación relacionada con drogas que practicaba la Guardia Civil.

Tras conocerse la detención de sus cargos, el PSOE de Murcia emitió un comunicado en el que aseguraba que no le «tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética» y que, de confirmarse que los hechos afectan a militantes, serán expulsados del partido y destituidos de todos los cargos que ocupen.

Sospechas en las Hurdes y Moraleja de Sayago

La Fiscalía de Plasencia ha abierto diligencias de investigación por el supuesto fraude electoral ocurrido en el municipio cacereño de Casares de las Hurdes, aunque el asunto aún no se encuentra judicializado, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Ha sido a raíz de una denuncia del diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura Eduardo Béjar contra el teniente de alcalde de dicha localidad y número 2 de la lista del PP, Miguel Ángel Domínguez Duarte, por coaccionar a varios electores y sustraer el voto por correo de dos vecinos.

Ese escrito refleja que los hechos se refieren a que «el denunciado ha coaccionado a varios electores para que voten a favor de su partido y ha acudido al domicilio de Marwin Saúl Ramírez López», vecino de la localidad de Vegas de Coria, «pidiendo que le dieran el voto por correo que había recibido esa misma mañana».

Además, la denuncia interpuesta por el diputado del PSOE recoge que Marwin Saúl Ramírez «no estaba en su domicilio, pero el denunciado ha entrado en la vivienda y se ha llevado su voto, así como el voto de su primo, que sí estaba en la vivienda».

De este modo, «los electores afectados no podrían votar ni por correo ni de forma presencial, si el denunciado lo utilizaba a su favor».

También el PSOE de Zamora ha pedido que los votos por correo procedentes de la residencia de Moraleja de Sayago «no cuenten» de manera cautelar mientras se resuelve la denuncia interpuesta por el candidato del partido a la Alcaldía, Samuel Mayor, ante la presunta existencia de un fraude electoral.

Fagúndez ha indicado que la residencia «pertenece a una fundación cuyo presidente es el alcalde, mientras que la gerencia la llevan familiares» del propio regidor municipal, Angel Villamor: «Nosotros hemos tenido conocimiento de que, cuando los usuarios pidieron el voto por correo, la gerencia sólo les dio la oportunidad de meter la papeleta de Zamora Sí», ha apuntado el socialista.

Por su parte, el alcalde y candidato a la reelección por Zamora Sí, Ángel Villamor, ha denunciado por supuestas calumnias al candidato del PSOE. De esta forma, Villamor ha negado que los responsables de la residencia entregaran únicamente las papeletas de Zamora Sí a los mayores, como sostenía el PSOE en su denuncia.

Un juzgado investiga presuntas irregularidades en La Gomera

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera ha abierto una investigación sobre el voto por correo en dicha localidad canaria al recibir una denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades en las elecciones municipales y autonómicas previstas para este domingo 28 de mayo.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juzgado correspondiente ha desestimado la petición del particular de anular de forma cautelar los votos emitidos por correos y ha acordado seguir investigado los hechos denunciados «sin que hasta el momento la investigación se dirija contra persona alguna».

Delitos en 2019; seis de 65 en Euskal Herria

Durante las diferentes elecciones generales, autonómicas y municipales celebradas en 2019, el Ministerio español del Interior constató 65 infracciones penales contra la legislación electoral, de las cuales seis se registraron en Euskal Herria.

La ley electoral establece que vender el voto no es legal ya que el voto es libre y secreto, por tanto, no puede mediar un obsequio, en cuyo caso se estaría incurriendo en un delito electoral.

El artículo 146 de dicha ley castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector o le induzcan a la abstención.