La campaña electoral arrancó en términos arcaicos y tras la celebración de los comicios asistimos a movimientos que recuerdan tiempos en blanco y negro, con pactos entre partidos para anteponer prácticas interesadas de exclusión a la asunción del mensaje de las urnas.
 
El PNV se está quejando de que la cuestión de los expresos en las listas de EH Bildu marcó buena parte del debate público y se lo atribuye a la derecha española. Pero parece difícil de olvidar que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se metió de hoz y coz en ese charco. Provocó la toma de declaraciones a la entrada del Parlamento para afirmar que «tienen derecho a presentarse en las listas pero no hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, consideración y de sensibilidad hacia las víctimas. No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino permanente».

Después, en la recta final hacia las urnas, el lehendakari volvió a lo mismo. En Gasteiz, en un mitin, Urkullu afirmó que «hoy hemos conocido una nueva denuncia de un colectivo (“Dignidad y Justicia”) que sostiene que hay una exetarra en una lista y que, no habiendo liquidado su condena, debería estar inhabilitada. No lo sé. Es algo que compete a la justicia. Dije antes de que comenzara la campaña: “no hay derecho a que nos tengan en este torbellino”. Es cuestión de respeto a las víctimas y a la sociedad vasca que tanto han-hemos sufrido. Es cuestión de una mínima base ética y de respeto a la dignidad de las personas y de nuestro país... Respeto... compromiso ético... convivencia... Partido Nacionalista Vasco».

Esa «exetarra» es Sara Majarenas, una mujer que mientras estaba en prisión recibió una llamada de teléfono en la que pudo escuchar cómo su expareja acuchillaba a su hija Izar hasta darla por muerta. Sara, además de expresa, es víctima de la violencia machista. Urkullu, en su intervención que llevó escrita, habló de «respeto a las víctimas»

La cuestión no es si se quita el gobierno a la fuerza más votada, sino si para hacerlo se junten quienes son contrarios entre sí y discrepan en sus proyectos para la ciudad o el territorio

Son discursos que huelen a rancio, a antes de que ETA dejara las armas en 2011. También parecían superadas declaraciones como las de Alberto Núñez Feijóo ofreciendo los votos del PP al constitucionalismo para que EH Bildu no gobierne allí donde ha ganado.

No es la primera vez que ocurre esto en la política vasca. El Pacto de Ajuria Enea ya puso en práctica en los años 90 esa táctica de impedir entonces que Herri Batasuna pudiera acceder a alcaldías. Una actuación que se agudizó en 1997, al hacer a esos alcaldes y concejales corresponsables del secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco. En Arrasate se impulsó una moción de censura que sacó de la alcaldía a Xabier Zubizarreta. Y en el Parlamento de Gasteiz, todos los grupos acordaron en la Diputación Permanente no colaborar con las iniciativas de HB hasta que no condenaran aquel atentado.

Hay que recordar que estos movimientos casi siempre han estado circunscritos a intereses partidistas. Porque meses más tarde de aquel llamamiento, el PNV no tuvo empacho en llegar a un acuerdo con Euskal Herritarrok para investir a Juan José Ibarretxe y firmar después un pacto de legislatura con Arnaldo Otegi.

Mas tarde, en 2002, el Estado «perfeccionó» su estrategia y acabó ilegalizando a la izquierda abertzale en todas las siglas en las que pudo, llegando a calificar a 40.000 vascas y vascos como «contaminados» y su presencia anulaba cualquier candidatura.

En esa coyuntura se llegó a las elecciones municipales de 2007, en las que Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) fue ilegalizada, pero la izquierda abertzale acabó colando varias listas de ANV, que sumaron 94.253 voto y 432 concejales y varias alcaldías.

Después de que en marzo de 2008 ETA matara al concejal del PSE en Arrasate Isaías Carrasco, se promovieron «mociones éticas» para exigir a los ediles independentistas su dimisión, y pretendían ser la antesala de unas mociones de censura. Pero muchas de esas «mociones éticas» fueron rechazadas, por ejemplo en la propia Arrasate, y de las de censura nada más se supo ya.

Parecía que los tiempos habían cambiado, pero vuelven  rescoldos «éticos» de aquellos tiempos en blanco y negro.

Habrá quien diga que no hay diferencia entre lo que PNV, PSE y PP pretenden hacer ahora, por ejemplo en Gasteiz, y lo hecho en 2015 con Javier Maroto. Pero no es cierto. Entonces, tras unas actuaciones xenófobas del alcalde de Gasteiz, en la ciudad se creó un movimiento transversal que exigía a los partidos su relevo. Por cierto, Ainhoa Domaica era la concejal de Políticas Sociales y hay que releer sus declaraciones de entonces.

Ahora no hay ningún movimiento de ese tipo. Tan solo intereses partidistas que, además, van a producir el efecto de casi volver a meter a Javier Maroto en el consistorio por la puerta de atrás.

La cuestión no está en si se quita o no el gobierno a la fuerza más votada, porque eso va a ocurrir en muchos ayuntamientos, sino en que se junten partidos enfrentados entre sí, que no están de acuerdo ni en lo más mínimo de la política municipal, como por ejemplo en el futuro del Bus Eléctrico Inteligente. Su único interés es impedir la alcaldía de Rocío Vitero, una mujer que hasta sus propios competidores estarán de acuerdo en que representa como nadie el espíritu plural, innovador, transversal y liberador de aquel movimiento Gora Gasteiz!

Sería normal que por ello la odie Ainhoa Domaica, escudera de Javier Maroto, pero no se entiende tanto lo que van a hacer Beatriz Artolazabal (PNV) y Maider Etxeberria (PSE), porque solo con la presentación de su candidatura refuerzan el voto del PP y reabren la gatera al racismo.