La Fiscalía de El Salvador ha presentado un dictamen de acusación contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) en el que señala que «autorizó» la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en el marco por parte de militares en 1989, entre ellos la del teólogo vasco Ignacio Ellacuría.

Según el Ministerio Público, que ha acusado a otras siete personas más, el exmandatario participó en la reunión en la que se coordinó y ordenó el operativo militar, tal y como han relatado varios testigos.

«Consta en las investigaciones que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución», indica el escrito de la Fiscalía.

Uno de los fiscales del caso, cuyo nombre no se ha proporcionado por seguridad, señala que varios testigos sitúan a Cristiani en el lugar en el que supuestamente se planificó el asesinato y que «él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron en esa muerte».

En paradero desconocido

Los delitos de los que se les acusa son homicidio, actos de terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal, puesto que el exdiputado Rodolfo Parker trató de encubrir a los responsables cuando actuó como abogado.

El resto de imputados son militares que ocupaban altos mandos en el momento de la masacre, identificados como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humerto Larios, Inocente Orlando Montano, Carlos Camilo Hernández y Nelson Iván López, según informa ‘La Prensa Gráfica’.

Actualmente se desconoce el paradero de Cristiani, quien firmó los acuerdos de paz en 1992 entre el Gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Algunos medios le sitúan en Suiza, donde habría huido al pesar sobre él una orden de captura.

Recorrido judicial

La masacre tuvo lugar en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, la capital del país. El portugalujo Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teología de la Liberación, era entonces rector de la UCA, con quien Cristiani sostuvo varias llamadas telefónicas previas a la masacre, según la investigación.

En el ataque también murieron los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años. Todos ellos fueron ejecutados por militares del batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño.

En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tener en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. El coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenara en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA. Posteriormente, el caso se reabrió en enero de 2022 para juzgar a los autores intelectuales.

La causa también ha tenido su recorrido judicial en el Estado español, donde en septiembre de 2020 la Audiencia Nacional condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales, ahora también acusado por la Fiscalía salvadoreña.