El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reacción a la Fiscalía General del Estado ante las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, el barakaldarra Tontxu Rodríguez, que acusó al instructor del caso de Tsunami Democràtic de querer influir en las negociaciones de la ley de amnistía con el auto por el que dirigía la investigación contra Carlos Puigdemont.

Este fin de semana también el negociador del PSOE con Junts, Santos Cerdán, ha recorrido que ese auto emitido por García Castellón el pasado lunes, en la última fase de las conversaciones contra la amnistía, supuso un serio obstáculo a su cierre, puesto que el partido catalán decidió revisar de arriba a abajo los preacuerdos para blindarlos ante este tipo de injerencias.

En la polémica resolución, García Castellón imputó a la dirigente de ERC Marta Rovira y abrió la puerta a hacer lo mismo con Puigdemont, además de establecer las acciones de Tsunami como posible delito de «terrorismo» y citar a Arnaldo Otegi como testigo. Todo ello a partir de un informe acelerado sospechosamente por la Guardia Civil.

Rodríguez: «Qué casualidad»

Fue tres días después cuando Tontxu Rodríguez, en una entrevista en ‘Radio Popular’, señaló de forma irónica que era una «casualidad» que García Castellón dirigiera la investigación sobre Tsunami contra Pugdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, unos días antes de que se llegara «a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC».

También apuntó que el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar «podría hablar un poquito de García Castellón». «¡Qué casualidad que ahora, que se podía llegar a un acuerdo para formar Gobierno, imputen a los líderes catalanes. Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día. Podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no, justo en medio de las negociaciones, si eso no es influir...», censuró el secretario de Estado.

En esas mismas declaraciones, Rodríguez calificó también de «verdaderos okupas» a los actuales miembros del CGPJ, órgano que se encuentra en funciones desde hace cinco años, y del que apuntó que se ha convertido en «el partido judicial». En este sentido, calificó de «absurdo y desproporcionado» el contenido de su declaración institucional contra la Ley de Amnistía que todavía no se había conocido.

Se refería con ello a la declaración institucional aprobada por nueve vocales conservadores del Consejo frente a cinco progresistas, que afirmaba que la amnistía «supone una degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España».