La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Iruñea ha decretado el fin de la investigación del denominado ‘caso Davalor’ y, por lo tanto, va a archivar la causa. El caso hace referencia a las ayudas irregulares concedidas por Sodena a la empresa del mismo nombre. La concesión de las ayudas se llevó a cabo sin los informes preceptivos y con una férrea defensa de la empresa por parte del entonces consejero Manu Ayerdi, que calificaba esta inversión como estratégica para Nafarroa. Finalmente, la empresa quebró y las ayudas se perdieron. Fueron seis préstamos por un valor de 2,6 millones de euros.

En la resolución, que puede ser recurrida, la magistrada considera que el 21 de enero de 2022 transcurrió el plazo de doce meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación judicial.

El Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias el 21 de enero de 2021, provocando la dimisión del entonces consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Iruñea, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año, dictó la prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022.

La magistrada, que estima el recurso interpuesto por los investigados, considera que el día en que comenzó a correr el plazo de los 12 meses previstos en la ley fue el 21 de enero, puesto que el procedimiento abierto por el Tribunal Supremo es el mismo que el que luego se siguió en la capital navarra.

«No se trata por tanto de un procedimiento distinto, acumulado al anterior, ni de una pieza separada, sino de la sucesión de aquel, lo que, como se ha indicado, es esencial para determinar el día en que se inicia la investigación judicial, el día en que comienza a correr el plazo de los 12 meses, sin que el hecho de que el Tribunal Supremo, por haber perdido el querellado la condición de aforado quedara sin competencia suponga que el Auto dictado por el mismo, el 21 de enero no lleve aparejado tal efecto, pues es tal pérdida de competencia del primero y la asunción de la misma por el segundo de tal competencia lo que se resuelve en todas las inhibiciones y para tales casos, como he referido, es unánime el criterio jurisprudencial que señala que el dies a quo vendrá determinado por la fecha en que se dicta el auto que incoa el procedimiento por el primero de los juzgados», expone la juez.

A este respecto, la jueza señala que no fue hasta el 9 de febrero de 2022 cuando, de oficio, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Iruñea dio traslado a las partes para que informasen sobre la prórroga de la causa, que se acordó mediante auto dictado el 18 de febrero. Por tanto, según reitera, se había «excedido el plazo» exigido por la ley.

Por este motivo, la magistrada constata la falta de validez de las diligencias que se hayan acordado en las resoluciones posteriores a tal fecha, no así de las diligencias que, acordadas con anterioridad al mismo se hayan recibido o practicado posteriormente.

Las citaciones, sin efecto

Respecto a las declaraciones de los investigados, que se iban a llevar a cabo la próxima semana, concluye que, «efectivamente, no habiéndose acordado antes del 21 de enero de 2022 tomar declaración a persona alguna en calidad de investigado no se puede, transcurrida dicha fecha, acordar la misma, pues, como se ha dicho, tal límite es infranqueable, careciendo de validez las acordadas posteriormente, por lo que procede dejar sin efecto las citaciones realizadas a tal fin».

«Tras lo razonado en este Auto, por tanto, procedería examinar el resultado las diligencias acordadas antes del 21 de enero de 2021, y que se hayan practicado y dictar la resolución que conforme al precepto señalado correspondiera; no obstante, no habiéndose acordado tomar declaración como investigado a persona alguna, como acabo de señalar, no es posible dirigir el procedimiento contra persona alguna, por lo que, la única resolución posible es concluir el sumario sin procesamiento», sostiene la juez.

De forma paralela, el Parlamento navarro formó una comisión de investigación. El intento de UPN de limitar el objeto de la misma a lo sucedido en Davalor fue modificado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu/Orain Bai e I-E para analizar también la gestión de Sodena durante los gobiernos de UPN, especialmente en la venta de las acciones de Iberdrola que tenía el Gobierno navarro.

Asimismo, el pasado mes de octubre, el abogado Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Nafarroa, presentó una denuncia en la Fiscalía Superior de Nafarroa para que se investigue «la conexión en la trama Davalor del Gobierno de Lakua, que participaba o había impulsado entidades que eran de las principales acreedoras» de esta empresa, señalando a la consejera Arantxa Tapia.

UPN y PP estudian recurrir

UPN ha anunciado que está estudiando recurrir el archivo de la causa, ya que considera «inadimisible que un caso de corrupción pueda quedar impune por un error judicial», según ha destacado el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Sánchez de Muniáin ha cuestionado la decisión judicial señalando que los plazos se pueden contar de otra manera.

El parlamentario de UPN ha recordado que fue su formación la que interpuso la querella que dio inicio a la causa y que «el Tribunal Supremo determinó que había indicios de delito que fueron apoyados por la Fiscalía y después confirmados en los juzgados de Pamplona».

«Este caso ha supuesto que se han volatilizado más de cuatro millones de euros de todos los navarros, que no han sido reclamados por el Gobierno de Navarra, ni personándose en la causa para defender el patrimonio público, ni personándose en su día en el concurso de acreedores», ha añadido Sánchez de Muniáin.

El PP, por su parte, ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa. «La gravedad del caso en la que se está estudiando la posible malversación y prevaricación por parte de miembros del Gobierno de Navarra no puede quedar impune», ha destacado el PP en X.

«Satisfacción» de Geroa Bai

Geroa Bai ha mostrado su «satisfacción» ante el archivo del «caso Davalor» y ha «celebrado que se ponga fin a un caso basado en acusaciones infundadas».

«Nunca ha existido causa, tal y como la Cámara de Comptos concluyó en su informe en el que avalaba la legalidad de la operación, así como la honradez de Manu Ayerdi», ha añadido Geroa Bai en una nota.

Junto a ello, ha denunciado «la utilización torticera de la justicia en general y de este caso en particular por parte de la derecha por un mero interés político y partidario».

«Este caso que se ha alargado casi tres años responde a una campaña de acoso por parte de UPN, a la que posteriormente se ha sumado el PP», lamenta Geroa Bai, que exige a la derecha navarra que «abandone este tipo de prácticas, utilice las herramientas políticas y se centre en el interés general de la ciudadanía navarra», al tiempo que muestra su «apoyo y solidaridad» con Manu Ayerdi.