Félix Bolaños, ministro español de la Presidencia, iba y venía, teléfono móvil en mano y cara de desconcierto y tensión. Salía del hemiciclo, se iba a los servicios, se ubicaba en el pasillo junto a la escalera, siempre atento al teléfono y visiblemente expectante. En una oportunidad caminó hombro a hombro y murmurando con María Jesús Montero. Los dos «superministros» del Gobierno, los elegidos por Pedro Sánchez como personas más fuertes de su actual equipo, no querían contacto con periodistas. No estaba el ambiente para filtraciones.

«Hasta las 15.00 esto no está terminado», comentaba un alto cargo de Ferraz a algunos trabajadores de prensa. No se ocultaba la intención de que no sólo las negociaciones con Junts per Catalunya continuaba, sino que hasta se pensaba que podía darse un vuelco. Pero iba a ser que no.

Lo que estaba en juego no es fácil de explicar porque todo ha sido bastante atípico, hasta el contexto: las reformas en el hemiciclo del Congreso han hecho que las sesiones extraordinarias convocadas para enero vayan a ser en el Senado, ubicado a dos kilómetros al oeste de la cámara baja. No faltaron los legisladores que preguntaban dónde estaban las salas, los servicios y el comedor. Era un territorio nuevo.

Como también lo es el marco político: en la misma maratoniana sesión, que comenzó a las 09.00, se debatían tanto las enmiendas a la totalidad del PP y Vox al proyecto de ley de amnistía como los tres reales decretos impulsados por el Gobierno, que engloban 25 medidas de un variopinto que va desde la prórroga del escudo social aprobado por tras la invasión rusa a Ucrania hasta cambios en los subsidios al desempleo y en digitalización judicial. Una ensalada legislativa.

Lo curioso es que la amnistía pasó a segundo plano (habría que pensar si no era esto hasta un deseo de Moncloa). Incluso en contra de su voluntad, porque aprovecharon el artículo 85 del reglamento (que al menos un quinto de los diputados pueden exigir que la votación se haga por llamamiento y presencial). Deseaban que quedara retratado quién está a favor de seguir con la amnistía. Aunque hoy ésta no fue la protagonista.

Podemos pactó con el Gobierno avalar dos de los decretos, pero no el que llevaba la firma del Ministerio de Trabajo, mientras que JxCat había anunciado por la mañana que iba a votar en contra de todo por no estar de acuerdo con una nueva normativa sobre procesos judiciales que podría poner en peligro, a su entender, la futura amnistía.

«Unos son unos irresponsables y otros son unos prepotentes», decía una diputada soberanista catalana en clara alusión a Junts y PSOE respectivamente

«Unos son unos irresponsables y otros son unos prepotentes», dijo una diputada soberanista catalana, mostrando su enfado con la situación de incertidumbre. Ante la repregunta, ratifica: lo de irresponsables es para Junts y la prepotencia adjudicada a los socialistas.

Fuentes de Esquerra Republicana preguntadas por NAIZ consideran «pura táctica» el nuevo «no a tot» del bando de Carles Puigdemont y que sus dudas con respecto al problema con la amnistía que la nueva trasposición por normativa europea sobre cambio en procedimientos judiciales era totalmente injustificado. «Es casi redundante esta legislación. Lo que está pasando es que están negociando otras cosas», dejaban trascender, enfadados. Saben que el combate de Junts es con el PSOE, pero también contra ellos.

Los republicanos, que deambulaban por los pasillos de un Senado alborotado al recibir una cantidad no acostumbrada de legisladores, repetían a quien quisiera escuchar que en Barcelona hay rumores de posibles nuevos acuerdos entre el PSC y Junts. Incluso para el Ajuntament de Barcelona y algunas otras alcaldías. No sería algo nuevo: durante cuatro años ambos partidos cogobernaron la poderosa y rica Diputació de Barcelona, y en ERC recuerdan que hay un efecto pinza constante en el Parlament contra ellos por parte de los otros dos grandes partidos.

Sea como sea, los de Puigdemont se llevan las palmas en los golpes de efecto: despertaron la sorpresa atónita de todos en el Senado al conocerse la votación telemática. La aritmética parlamentaria demuestra que los siete diputados de Junts no han votado nada en contra ni a favor, ni en abstención, ni siquiera el que estaban en contra; su aportación al frenesí de los periodistas que empezaban a hacer cuentas para entender lo inesperado que había ocurrido.

La vendetta morada y un final de película

«El que resiste tiene premio», decía un alto cargo de Podemos que acompañaba a sus diputados esta tarde. Estaba exultante porque su formación estaba por darle una estocada a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es innegable: era la primera oportunidad desde la escisión del grupo parlamentario que tenían para asestarle una reprimenda política tras dos años de rencor acumulado.

La excusa es legítima, aunque dispar en su veracidad. Algunos, como EH Bildu o ERC, creen que lo de Podemos no tiene asidero y que si se analiza técnicamente, no hay recorte en subsidio. Los morados aseguran que sí. Pero el entusiasmo de poder mostrar por primera vez un contragolpe a quien intentó suplantarlos durante dos años no lo pueden disimular.

Sumar ha enviado a las terminales mediáticas más afines a sus ministros y diputados a exhibir la contradicción de un Podemos votando junto a Vox, un argumentario que irrita más aún a los morados. De hecho, Iñigo Errejón, alguien con quien mantienen un conflicto sanguíneo e irrecuperable, estuvo en los pasillos del Senado cuestionando que Podemos dejaba sin escudo social «a los españoles». «¡Está mintiendo!», decía en voz alta un cargo morado que lo escuchó. No hay perspectivas de fraternizar por allí.

PP y Vox forzaron la votación presencial y Sánchez tuvo que acudir con prontitud al Congreso porque cada voto es clave, todo un signo de lo que será la legislatura

Si faltaba un condimento para un día de sobresaltos, llegaría con la votación telemática (la presencial rechazó sin más las enmiendas de PP y Vox): la presidenta del Congreso leyó los resultados, que dejaron boquiabiertos a todos. El decreto impulsado por Trabajo era rechazado, el de cambios judiciales, aprobado, y la prórroga y cambios al escudo social, empataba 171 a 171, sin abstenciones. Esto significa que Junts no ha votado y que, en este último caso, además hay un diputado (seguramente del bloque de investidura) que se equivocó y no votó.

El reglamento prevé que ante un empate debe repetirse como mínimo dos veces la votación. Pero PP y Vox obraron con astucia opositora, volvieron a esgrimir el artículo 85 del reglamento y forzaron la votación presencial. Pero Sánchez estaba en Moncloa, por lo que debió trasladarse con prontitud al Senado para poder votar porque cada voto es clave. Un avance de lo que será una legislatura inestable, atípica y tumultuosa.