El desalojo del edificio propiedad de la Iglesia ocupado como gaztetxe en Zestoa ha sido decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia.

La sentencia del caso, difundida este viernes por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declara el derecho de la Parroquia de la Natividad de Zestoa a «recuperar la posesión» de este inmueble, al tiempo que condena a los jóvenes que fueron demandados por la diócesis a su «inmediato desalojo» y a su «entrega» a los propietarios «bajo apercibimiento de proceder en otro caso a su lanzamiento».

Además de imponerles las costas económicas del procedimiento judicial, la resolución también insta a los okupas a «abstenerse de observar o promover cualquier conducta, activa o pasiva, directa o indirecta, que pueda constituir una perturbación de los derechos» de los dueños sobre esta finca.

El texto judicial, que no es firme porque puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa, estima de esta manera íntegramente la demanda interpuesta por estos hechos el pasado 10 de julio de 2023 por la parroquia de Zestoa, después de que los miembros de la Gazte Asanblada ocuparan el citado edificio a finales de febrero del año pasado.

La resolución considera ahora acreditado «el derecho a poseer» por parte de la parroquia este inmueble, en el que además «se impartían clases de catequesis» y que fue «ocupado» por los citados jóvenes «sin que exista ningún título» que les hubiera habilitado, «al no haberse alcanzado ningún acuerdo» para ello con la Iglesia «ni tampoco con el Ayuntamiento de Zestoa».

La sentencia rechaza de esta manera los argumentos de los okupas, quienes alegaron que la Iglesia «no estaba dando ninguna utilidad al inmueble» y que además uno de ellos estaba usando «una pequeña parte del edificio para dormir porque carece de medios económicos».

Denuncia de la Gazte Asanblada

El juicio por estos hechos tuvo lugar el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Azpeitia, frente al que se concentraron un centenar de jóvenes para denunciar que la Gazte Asanblada de Zestoa estaba siendo víctima de una «campaña de criminalización» por parte del Obispado de Donostia, partidos políticos y medios de comunicación, tras hacerse pública la ocupación del edificio Elizondo.

En el mismo acto, una portavoz de este colectivo dijo que la irrupción en la misa mayor de Zestoa el pasado domingo de un grupo de enmascarados, lanzando gritos y pasquines, fue una acción de protesta contra el desalojo, pero no iba contra la comunidad cristiana del pueblo ni contra los fieles de ninguna religión, ya que aceptan la libertad religiosa.

Tras acusar a la Iglesia de especular con sus bienes, este grupo juvenil arremetió también contra todos los partidos políticos.