Entre los barrios donostiarras de Herrera y Buenavista, en un punto conocido popularmente como Escalerillas, se alza desde hace más de medio siglo un solitario bloque de viviendas que consta de dos portales y en el que residen doce familias sobre las que pesa una amenaza de desahucio.

En un entorno en el que los límites municipales llevan a cabo ejercicios de contorsionista, la casa se encuentra en el término municipal de Pasaia, aunque el paseo peatonal y el bidegorri que tiene delante son de la capital. Se alza en terrenos pertenecientes a la Autoridad Portuaria –y por tanto al Gobierno español–, y fue construida en su día para ofrecer un alojamiento de alquiler a algunos trabajadores del puerto y a sus familias.

Una parte de ellos ya ha fallecido, pero en esos pisos han seguido residiendo sus descendientes. Hasta ahora. «Quieren tirar esa casa para construir un nuevo proyecto, que las vías de EuskoTren accedan hasta el puerto para el transporte de mercancías», explica Unai Moriones, de Oarsoaldeako Etxebizitza Sindikatua, que está ejerciendo como portavoz de los afectados.  

Actualmente circula a poco metros el Topo, por un tramo que quedará en desuso cuando se culmine el enlace entre las estaciones de Altza y Pasai Antxo y al que prevén darle una nueva utilidad.

Dos grupos diferentes

«Ya se escuchaban rumores, pero los vecinos recibieron el aviso en diciembre. Entre las familias residentes hay dos grupos. Unas son las que tienen contrato ‘vigente’, es decir, que aquellos trabajadores del puerto o sus parejas siguen con vida. El resto son sus descendientes, nacidos en esa casa, que llevan residiendo ahí toda su vida y que han seguido pagando la renta, pero que no tienen contrato ‘vigente’», explica Moriones.

Esa negación de derecho alguno se dictaminó «en torno a 2017» a raíz de una iniciativa de Macarena Olona, entonces abogada del Estado español en la CAV y como tal integrante del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y más tarde una de las cabezas visibles de la formación ultraderechista Vox.

Al primer grupo, formado por cinco familias, se les ofrece «una indemnización miserable, teniendo en cuenta el problema que hay con la vivienda en Gipuzkoa en general y en el entorno de Donostialdea en particular. Y a las otras siete familias no se les ofrece nada».

«La inversión de su vida»

«Las personas que residen ahí no se consideran okupas, han nacido ahí, están empadronadas ahí y se han gastado su dinero en reformar y mantener esas viviendas, ha sido la inversión de su vida porque el puerto las construyó pero luego no se ha ocupado de ellas», añade Moriones.  

Les han dado como plazo mediados de junio para coger sus pertenencias y marcharse, pero no piensan hacerlo voluntariamente si no les ofrecen una solución satisfactoria.  La Autoridad Portuaria les ha señalado que «si están dispuestos a marcharse ordenadamente puede ser flexible con la fecha, pero siempre dentro de 2024». La decisión también afecta a un par de empresas y al club de remo de Trintxerpe.