Los principales impulsores de la caza de brujas desatada en Nafarroa en el siglo XVII fueron los niños con sus acusaciones, según se recoge en el libro ‘Pueblos infernales y abogados de las brujas. Caza de brujas en Navarra (1608-1614)’, obra de la historiadora norteamericana Lu Ann Homza que ha editado recientemente la UPNA.

Esta es una de las principales conclusiones de un trabajo que ha analizado este fenómeno desde dos perspectivas: la de los inquisidores y la de mujeres, hombres y, especialmente, menores implicados en las acusaciones de brujería.

Para ello, la investigadora ha buceado en el Archivo General de Nafarroa y el Archivo Diocesano de Iruñea, en concreto en los sistemas judiciales episcopal y secular del entonces reino, que «tenían intereses en los procesos de brujería». De tal manera que «los registros notariales navarros y los juicios en otras jurisdicciones legales al margen constituyen un nuevo y sorprendente corpus de pruebas de esta caza de brujas, mucho más apegado al terreno que lo que pueden ofrecer la mayoría de los fondos de la Inquisición».

Esta particular caza, desatada principalmente en el norte de Nafarroa, buscaba erradicar de la zona a unos seres, las brujas, que  «realizaban pactos con el diablo, podían transformarse en animales para realizar magia dañina, buscaban arruinar las cosechas y podían matar tanto al ganado como a personas de todas las edades, pero los niños eran sus objetivos preferidos», desgrana Homza en su obra.

Sobre esa predilección por los menores, añade que se aseguraba que las brujas «asfixiaban a los niños en sus camas, los alimentaban con manzanas tóxicas o utilizaban sus cadáveres para fabricar veneno. También llevaban a los niños por el aire a sus reuniones diabólicas arrancándolos de la cama y allí presentaban a sus presas al diablo, quien les podía ordenar que renegaran del cristianismo».

Esta última circunstancia hizo que, en el caso navarro, los niños «no solo fueran víctimas, sino también implacables acusadores y testigos presenciales. Aunque participaban en las actividades diabólicas de forma limitada, sabían de primera mano lo que las brujas habían hecho y lo que planeaban hacer», por lo que eran unos informadores clave.

Polvos para dormir y los dobles

Cientos de menores empezaron a asegurar que las brujas los llevaban a las reuniones del diablo en contra de su voluntad. Y lo hacían con unos relatos que desmontaban cualquier tipo de objeción planteada por los alarmados adultos. Así, afirmaban que «sus padres podían no saber que se los llevaban porque las brujas podían administrar un polvo que hacía que cayeran en un profundo sueño mientras sus hijos estaban fuera. Y si sus padres permanecían despiertos, podían haber sido engañados por fantasmas parecidos que el diablo puso en la cama en lugar de los niños».

En vista de las aseveraciones de sus vástagos, «algunos padres llegaron a atarse a sus hijos, los amarraron a sus camas y las llenaron con más hermanos o familiares con la idea de evitar secuestros. Pero los niños seguían diciendo que habían sido llevados a adorar al diablo y que en su lugar estaban dobles», según ha recogido la historiadora norteamericana en los procesos que ha estudiado.

El hecho de que los niños pequeños repitieran sus relatos sin vacilar ayudó a persuadir a la gente de que decían la verdad. Incluso los expertos del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que era el que tenía jurisdicción sobre Nafarroa, dieron por buenos esos testimonios al considerar a esos niños únicamente como víctimas, lo que les otorgaba «una categoría de inocencia de facto». Sus familiares y las comunidades en las que vivían «estaban mucho más preocupados por rescatarlos del diablo que por castigarlos, incluso cuando confesaban haber llevado a niños aún más pequeños a los akelarres, por su combinación de juventud y presunta falta de intención».

Esa circunstancia llegaba al extremo de que cuando acusaban a alguien de ser brujo o bruja, «no podían ser demandados por difamación», al contrario de lo que ocurría con los adultos. Por niños se entendía en el derecho canónico a las menores de 12 años, en el caso de las chicas, y a los menores de 14 años, en el de los chicos.

Tal protección legal les daba una impunidad que fue aprovechada por algunos adultos para dirigir acusaciones de brujería de los menores contra «adolescentes fértiles, mujeres embarazadas, nuevas madres y a personas adineradas», con el objetivo de, por ejemplo, evadir una deuda o poner fin a un matrimonio, «aunque los motivos religiosos también eran evidentes».

En algunos casos investigados, se terminó descubriendo que se sobornaba a los niños para que acusaran «mediante regalos tan escasos como una sola castaña». En Etxalar, dos mujeres prometieron a un joven pastor «una camisa y cuatro reales si denunciaba a determinadas personas» y en Sunbilla fue un niño francés de 14 años «el sobornado con comida».

Pero también se daban presiones en el mismo hogar, ya que la posibilidad de perder la casa y todos los bienes familiares si alguien a quien se acusaba de brujería no confesaba hacía que sus propios parientes presionaran e incluso torturaran a las personas acusadas para que lo hicieran.

Torturadas hasta la muerte

La ola de acusaciones fue ganando en intensidad a la vez que se desataba una angustia sin límites entre los progenitores, que empezaron a enfrentarse directamente con las personas que supuestamente estaban embrujando a sus retoños. Sentían tal horror ante la posibilidad de que se hubieran convertido en seguidores del demonio que «muchos dijeron que preferían ver a sus hijos muertos».

Uno de los delegados de la Inquisición, el comisario Aranibar, llegó a escribir que «hay tantos niños infectados que vale la pena llorar lágrimas de sangre para ver a sus padres gritar al cielo, suplicando un remedio».

Algunos pasaron de la súplica a medios más expeditivos, como en Zubieta, donde poco faltó para que degollaran a tres sospechosos de haber hechizado a 103 niños en cinco meses. En Legasa apuñalaron a varios hombres dejándoles gravemente heridos y otras personas fueron paseadas por sus vecinos durante horas con la cabeza metida entre los peldaños de una escalera.

En Sunbilla, la situación llegó más lejos con varias mujeres que fueron torturadas hasta la muerte y en Arraioz, supuestas brujas fueron confinadas en pesebres llenos de agua, donde les hicieron pasar la noche mientras el agua se congelaba. A otras las izaron en el aire por las muñecas retorciendo sus hombros, como hacían los inquisidores con la técnica de tortura llamada garrucha.

Estos episodios de violencia se registraron después de que los jurados de las localidades hubieran pedido consejo a empleados de la Inquisición, quienes, extralimitándose en sus atribuciones, dejaron hacer a quienes buscaban venganza.

Esta actitud convenció a los vecinos de que la violencia estaba autorizada por parte del Santo Oficio, pero no siempre era así y hubo sentencias de tribunales laicos que dieron la razón a los afectados, aunque en muchos casos, el simple hecho de ser denunciado como brujo ya «suponía la ruina social» al perder esa persona su estatus social y religioso.

Olague y el cura desenterrado

Al margen de Zugarramurdi –el caso por antonomasia de esta caza de brujas por el Auto de Fe de 1610 en Logroño–, Olague fue una de las localidades donde se vivió una de las situaciones más extremas en el invierno de 1610-11. Una pandilla de niños acusó a varios adultos de llevarles a las reuniones del diablo. Los pequeños se llamaban a sí mismos como los niños embrujados y corrían en grupo, mientras gritaban públicamente acusaciones de brujería contra varios vecinos.

Incluso llegaron a asegurar que las brujas habían desenterrado a un antiguo sacerdote y se lo habían comido. Alarmadas, las hermanas del párroco lo exhumaron y varios adultos confirmaron que el cuerpo estaba intacto.

A pesar de que el caso del cura era falso, nadie cuestionó las acusaciones de los menores. De hecho, los vecinos adultos actuaron insultando y agrediendo físicamente a tres de los sospechosos de brujería. Estos, a su vez, lanzaron sus propios insultos públicos contra los adultos que los habían agredido, por lo que fueron llevados a los tribunales. Aunque intentaron montar contrademandas, el resultado legal para ellos fue ruinoso.

Homza pone en valor que «estos navarros, a pesar de que solo hablaban euskera y eran analfabetos, resultaron ágiles usuarios de los tribunales y sabían cómo buscar venganza a través de la ley».

La situación de las personas acusadas de tratos con el diablo cambió cuando «la cúpula de la Inquisición española exoneró a las brujas cuando las pruebas de coacción y prevaricación se hicieron demasiado evidentes para ignorarlas». Como añade Homza, los representantes del Santo Oficio habían llegado a torcer «los procedimientos y las normas sobre el terreno y, de hecho, fomentaron la justicia de proximidad», lo que derivó en los citados abusos.

El giro en el proceder de la Inquisición vino a raíz de sendos informes del inquisidor Alonso de Salazar y del obispo de Iruñea Antonio Venegas. Este último planteó abiertamente que «tres cuartas partes de las deposiciones eran probablemente falsas», a lo que se sumó lo descubierto por Salazar en su recorrido por Nafarroa entre el 22 de mayo de 1611 y el 10 de enero de 1612. Durante ese viaje, dijo que «había tratado 1.802 casos de brujería» y había absuelto cautelarmente a 1.384 niños y a 41 adultos y había reconciliado a 290 que confesaron la brujería, recoge la historiadora norteamericana.

Para esas personas supuso un gran paso lo hecho por Salazar, pero muchos de los estragos de la caza de brujas ya eran irreparables y su huella resultaba palpable. Sobre esta última, Homza destaca los «efectos significativos en la población de pueblos pequeños». Por ejemplo, «en junio de 1606, Olague tenía 24 hogares legales, cuyos propietarios vivían en la localidad. Seis años más tarde, ocho de esas residencias, un tercio del total, podían alquilarse por un solo ducado porque sus propietarios no estaban presentes».

Y en Arraioz, en 1607 había 28 casas con todos sus propietarios presentes, mientras que en el verano de 1612, había pasado a tener 36 casas, pero solo estaban presentes nueve propietarios y el resto «no pudo ser encontrado» al realizarse el censo.

Unos cambios demográficos que pudieron ser provocados por «la enemistad, el deshonor o la ruina económica por acusaciones de brujería», apunta la experta, y que, a nivel más personal, tuvieron «un efecto devastador tanto si finalmente los acusados eran llevados ante el tribunal inquisitorial como si quedaban impunes, marcados, indefectiblemente, por una mancha reputacional».