
La Sala Penal del Tribunal Supremo español ha confirmado la condena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta para el exregidor-presidente del Concejo de Ribaguda, en Erriberabeiti, en Araba.
Fernando C. J. ha sido condenado por un delito de malversación de caudales públicos, por apropiarse entre 2010 y 2013 de dinero existente en las cuentas de concejo de titularidad pública y traspasarlo a una cuenta privada personal.
El Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la CAV, que a su vez ratificó la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia de Araba, que establece además la condena al acusado a que, como responsable civil, indemnice al Concejo de Ribaguda en la cantidad de 145.183,61 euros más los intereses legales.
La sentencia resalta que se ha considerado probado que el dinero depositado en las cuentas era de titularidad de la Junta Administrativa de Ribaguda, y procedía de justiprecios expropiatorios y subvenciones de diversas administraciones públicas, por lo que su desvío constituye un delito de malversación de caudales públicos.
Añade que «resulta patente que se realizó una sustracción de dichos caudales, apartándolos de la pública disponibilidad, desviándolos así de su destino con fines de apropiación, como se evidencia del ingreso en cuenta de disponibilidad exclusiva propia. No cabe mayor objetivación del tipo penal objeto de condena por la malversación de caudales públicos por quien los administrara».

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