La patronal nuclear española, agrupada en Foro Nuclear, ha insistido este martes en que la centrales son «necesarias para el sistema», y ha abogado por prolongar la vida útil de unas instalaciones puestas en marcha en la década de los 80. En palabras de su presidente, Ignacio Araluce, hay que «replantear el futuro de nuestras centrales, así como las condiciones que garanticen su viabilidad».

Araluce ha realizado estas declaraciones en la presentación del informe ‘Resultados nucleares de 2023 y perspectivas de futuro’, en el que se recogen datos sobre los siete reactores operativos en el Estado español, cuatro de ellos en los Països Catalans.

Los más antiguos son los reactores de Almaraz, conectados a la red desde 1983 y 1984, en manos de Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11). Un año después comenzó a suministrar electricidad Ascó I, de Endesa, y en 1986 Ascó II, de Endesa (85%) e Iberdrola (15%). En 1985 empezó a operar Cofrentes, propiedad de Iberdrola, marzo del 1988 llegó el turno de Valdellós II, de Endesa (72%) e Iberdrola. Meses después arrancó el reactor de Trillo, en manos de cuatro electricas: Iberdrola (49%), Naturgy (34,5), EDP (15,5) y Endesa (1%).   

La producción neta de las siete plantas atómicas produjeron 54.276,12 gigavatios hora (GWh) en 2023, una cifra que se ha mantenido estable durante la última década, al igual que la producción bruta, que fue de 56.872,58 GWh. Este último dato supone el 20,34% de la electricidad consumida en el Estado español, y se ha visto superada por la energía eólica, que representa el 23,46%.  

Y puede que en los próximos años la energía nuclear siga perdiendo peso, ya que en un margen de siete años finalizan todas las autorizaciones de explotación. El propio informe de Foro Nuclear señala que el «protocolo de intenciones» firmado en marzo de 2019 –en alusión al acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y las empresas eléctricas– establece un calendario de cese ordenado de las centrales, comenzando en 2027 y finalizando en 2035.

«De esta forma, salvo que se replantee este calendario, Almaraz I pararía en 2027, seguida de Almaraz II en 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Valdellós II y Trillo en 2035», apunta la patronal que destaca el caso de Trillo. Su licencia finaliza el próximo mes de noviembre y ha solicitado la renovación de la autorización de explotación al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) para operar durante diez años más. Hasta cumplir una vida útil de 46 años, superando a Garoña, en fase de desmantelamiento.

«Continuidad de la operación»

La intención de las eléctricas es marcar un precedente, y, de hecho, en el informe de Foro Nuclear se destaca la «continuidad de la operación», que «consiste en el funcionamiento de una central nuclear, manteniendo su nivel de seguridad, más allá del periodo inicialmente considerado en su diseño».

Insiste en que «es una práctica habitual en cada vez más países y constituye una estrategia adecuada para poder cumplir simultáneamente con los aspectos básicos del desarrollo sostenible, ya que garantiza la independencia y la diversificación del abastecimiento energético y ayuda a la lucha contra el cambio climático». Y remarca que hay 193 reactores nucleares en el mundo que cuentan con autorización para operar más allá de los 40 años.

«En Estados Unidos, donde la mayor parte de sus reactores tienen autorizaciones a 60 años, seis de ellos tienen autorización para operar durante 80 años», destaca el sector, dejando bien claro que sus intenciones.

Contra la ‘Tasa Enresa’

Quieren seguir explotando las centrales, pero no parecen estar dispuestos a aportar más dinero a las arcas públicas. «El exceso y la redundancia de impuestos y tasas ponen en peligro la viabilidad de las centrales y del conjunto del sector y por ello urge reducirla considerablemente», ha subrayado el presidente de Foro Nuclear.

«No estamos dispuestos es a asumir costes extraordinarios que no son imputables al funcionamiento del parque nuclear, sino que se derivan de cambios en el plan para la gestión de los residuos o la falta de consenso institucional», ha añadido.